Cómo puedes ayudar

Sigue estas sencillas instrucciones para enviar tu queja (se recomienda hacerlo en un ordenador o tablet; la copia en el teléfono es muy engorrosa y la página del Defensor no se lee bien)

1. Copia el texto del modelo que encontrarás a continuación o adáptalo a tu gusto.

2. Ve a la sección de quejas de la página del Defensor del Pueblo siguiendo el enlace que encontrarás al final del modelo. Desciende brevemente por la página hasta encontrar un recuadro grande para introducir el redactado de la queja.

3. Borra las dos sugerencias que hay preescritas y pega el texto (adaptado o literal) en el apartado mencionado. Sigue hacia abajo y pasa por alto la sección para adjuntar documentos. Dale a Siguiente.

4. Completa los datos personales que solicita la página oficial del Defensor del Pueblo, marca la declaración de que todos los datos son verídicos y envíalo.

MODELO DE QUEJA:

Excmo. Sr. Don Francisco M. Fernández Marugán, Defensor del Pueblo Español

Recientemente, el Pleno del Congreso de los Diputados, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y los grupos minoritarios, ha aprobado la nueva Ley de Educación, popularmente conocida como Ley Celaá. En esta nueva ley, se suprimen las referencias en el texto original al español o castellano como lengua oficial del Estado y a su carácter de lengua vehicular de la enseñanza que, como tal, le corresponde, conjuntamente con las otras lenguas cooficiales en aquellos territorios donde se da tal supuesto. Por este motivo, como ciudadano español, acudo a usted en busca de amparo.

La presencia en la LOMCE de las cláusulas ahora suprimidas ya no fue suficiente para garantizar el debido respeto a los derechos de las familias de habla española en Cataluña. Esta situación de abuso contra los castellanoparlantes tiene un largo recorrido en Cataluña. Me consta que no es ésta la primera de las quejas que Vd. recibe al respecto.  Se han presentado quejas con motivo de la creación en Cataluña de una Oficina de Garantías Lingüísticas, que actuaba a instancias de cualquier ciudadano que quisiera denunciar un supuesto abuso contra la lengua catalana y que ha provocado la práctica eliminación de la rotulación en castellano en Cataluña; con motivo de la atención escolar a los niños sordomudos, cuya inmersión en una lengua distinta de la familiar era una verdadera crueldad; con motivo de las hojas de preinscripción que no advertían a las familias del derecho que tienen de elegir la lengua de la primera enseñanza para sus hijos; con motivo de la aprobación de la Ley de Política Lingüística en 1998, que consagraba el sistema de inmersión en catalán, a pesar de que no era compatible con lo establecido por el Tribunal Constitucional; con motivo de la aprobación del nuevo estatuto de Cataluña, con elementos claramente inconstitucionales; … Su oficina ha emitido varias iniciativas de resolución, que las autoridades catalanas han recibido con desprecio: se trata de simples recomendaciones -dijeron refiriéndose a los dictámenes del Defensor- y las recomendaciones puede uno seguirlas o no. Obviamente, nunca se siguieron.

Así ocurrió también con los fallos judiciales del TSJC, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. El Gobierno de la Generalidad los ha esquivado o los ha ignorado y los sucesivos gobiernos de la Nación han sido siempre demasiado débiles para sustentar como es debido y obligar al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

El panorama que se atisba detrás de la enmienda aprobada, lo estamos viviendo de facto en Cataluña desde hace mucho tiempo. Aquí prácticamente el 100% de la educación se hace en catalán. Con frecuencia, incluso las clases de lengua española se imparten en catalán. No fue hasta 2014 que los tribunales empezaron a dictar sentencias favorables a las familias que exigían educación en español, en los mínimos que la Ley les permitía. Sin embargo, es muy difícil encontrar un centro público o concertado donde se enseñe en español el 25% del currículum, el mínimo establecido para cualquiera de las lenguas oficiales por el Tribunal Supremo, y casi imposible que ese 25% comprenda alguna materia troncal, además de la Lengua Española. La Generalitat extiende también su control a los centros netamente privados, administrando a placer permisos de apertura y controles de funcionamiento, de manera que también en ellos se reproduce una situación similar.

Lo que solicito de Vd. es una acción decidida para la recuperación de esos derechos y para impedir que la situación se reproduzca miméticamente en otros puntos de España. Solicito su amparo para evitar que se siga avanzando en el sentido de levantar fronteras entre los españoles y para que se revierta la situación de desigualdad que, desde hace ya demasiados años, tenemos que soportar en Cataluña.

Le agradezco su atención y, siempre, su labor.

Atentamente,