Coacción para imponer el catalán

UN PEQUEÑO empresario de Arenys de Mar está decidido a no cambiar el letrero de su empresa, escrito en español, y a recurrir a los tribunales europeos la multa que la Generalitat le ha impuesto de 1.200 euros por no rotularlo también en catalán. Se trata de una prueba más de la imposición coactiva de esta lengua por parte del Gobierno autonómico, dentro de un ámbito como el comercio, que, por su esencia, debe estar sujeto a la total libertad de elección. Es intolerable que se impida a un ciudadano decidir el idioma que desee para publicitar su negocio y que se vea obligado a reclamar amparo para hacer uso de este derecho fuera de su propio país. Por fortuna, ejemplos como el de este empresario demuestran que la sociedad civil catalana no está dispuesta a aceptar, sin más, tales necedades.

Un comerciante planta cara a la rotulación en catalán tras ser sancionado con 1.200 euros

Quiero ir juicio y sentar precedente. Si eso pasa por llegar a Estrasburgo, iremos.

Me sentí identificado con Carod-Rovira cuando pidió que no le llamasen José Luis.

Hay otros casos de propietarios denunciados ante la Generalitat por no rotular sus establecimientos en catalán. Pero algo diferencia a Xurde Rocamundi de los demás comerciantes que han sido castigados con multas: su negativa a reemplazar el rótulo con el que ofrece los servicios de su pequeña agencia inmobiliaria.

Su tesón se ha traducido ahora en una multa de 1.200 euros. Ya la ha recurrido. «Me siento discriminado en mi propia tierra», dice.

Xurde Rocamundi González nació en Barcelona hace 43 años y es padre de tres hijos. Fue hace casi un año cuando recibió una notificación del Govern que le conminaba a adecuar el cartel del comercio, en el plazo máximo de «dos meses», al artículo 32.3 de la «normativa vigente» en política lingüística. Según este capítulo, «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán».

Aquella notificación resultaba de la denuncia de un «consumidor» anónimo «enviada el 5 de mayo de 2008 por correo electrónico».

Transcurrido el tiempo, y sin que el catalán se sumara al rótulo del comercio ni a los anuncios de pisos del escaparate, el empresario fue sancionado por «vulnerar los derechos lingüísticos reconocidos a los consumidores», ya que los documentos y contratos de adhesión no estaban, «al menos, en catalán».

El funcionario que instruyó el expediente de Rocamundi resolvió sancionarlo con 1.200 euros, de acuerdo con la graduación prevista en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre «disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios».

La denuncia a Rocamundi se suma a la de otros comerciantes que han sido instados por la Agència de Consum a ofrecer sus productos y servicios también en catalán. La diferencia con ellos es que él prefirió no hacerlo.

«La denuncia vulneró mis derechos lingüísticos y la recurrí», afirma Rocamundi, quien opina que este tipo de normativas «favorece que el castellano pueda resultar discriminado en Cataluña, donde es un idioma oficial, tan oficial como lo es el catalán».

«¿Por qué tienen que obligarme a rotular en catalán en mi propio negocio? ¿En qué otro país pasa algo así? Otros empresarios tienen miedo a sufrir pintadas políticas en las fachadas, pero, tal vez, a mí me convenga empresarialmente anunciarme en castellano», protesta.

Xurde Rocamundi dice que quiere llegar «hasta el final para que los que vienen detrás tengan un precedente». Conoció en EL MUNDO el caso del comerciante de Sant Boi (Barcelona) denunciado por un ciudadano anónimo por no rotular su comercio en catalán, y le pareció «un palo» que un trabajador autónomo «tenga que afrontar en plena crisis un gasto evitable como es la compra de un rótulo nuevo».

Rocamundi mantiene el cartel y los presupuestos de su negocio tal y como los encargó hace unos 10 años. Se defiende: «No soy bilingüe. Entiendo la lengua catalana, pero con mis hijos y en la oficina hablo siempre en castellano, aunque el cliente lo haga en catalán».

Asegura que cambiar el rótulo no entra en sus planes: «No lo voy a sustituir». Y abunda en su voluntad: «Quiero ir a juicio y sentar precedente. Y, si eso pasa por llegar hasta el tribunal de la Unión Europea, a Estrasburgo, iremos». Le asesoran la Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano. El denunciado afirma perseguir «una normativa lingüística legal en Cataluña para que sea el ciudadano quien decida sobre sus usos lingüísticos».

«Creo que es una ley anticonstitucional, ya que en ningún lugar persiguen a un ciudadano por escribir un rótulo en una de las lenguas oficiales de ese país», señala, para añadir que se siente «discriminado» en su propia tierra.

Rocamundi defiende el bilingüismo «entendido sin imposiciones». «Que el interlocutor elija en qué lengua quiere expresarse», reclama.

«Mis padres me pusieron Jorge, pero, cansado de que en la oficina me catalanizaran el nombre y para todos fuera Jordi, hace unos años me fui al Registro Civil y me lo traduje al bable, el idioma de la región de la que procedo, Asturias», explica Xurde.

«Me sentí identificado con Josep Lluís Carod-Rovira aquella vez que pidió a un hombre en televisión que no le llamara José Luis», abunda. «En Arenys, algunos me llaman facha por la calle por reivindicar mi constitucionalismo; creo que les sienta mal que se hable castellano».

Rotular, o pagar y callar

Los comerciantes apenas recurren las sanciones de 'Consum'

El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, apremia a los comerciantes de toda Cataluña a rotular sus establecimientos en catalán. «No puede haber servicio de calidad en el comercio de Cataluña sin el catalán», como tampoco puede haberlos «sin el español en España», defiende el dirigente republicano.

En su opinión, «hay que seguir reafirmando» que promover el uso de la lengua catalana entre los comercios, en la atención al cliente, es «un valor añadido». Pero una cosa es optar por esa alternativa y otra muy distinta tener que cumplirla a rajatabla para no ser multado. Las infracciones ascienden a unos 1.000 euros y pasan a engrosar las arcas de la Generalitat con cantidades que pueden sumar una recaudación de más de 200.000 euros al año.

Las represalias por vulnerar la Ley de Política Lingüística llegan en forma de carta a los comercios que no rotulan también en catalán sus establecimientos. Las misivas las remite la Agència Catalana del Consum, supuestamente a partir de la denuncia anónima de un ciudadano, y en sus líneas advierten de que, de no rectificar en su actitud, los comerciantes podrían recibir la pertinente multa.

La normativa que enmarca estas sanciones por no rotular en catalán data de la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 bajo el mandato de CiU. No obstante, el Ejecutivo de Jordi Pujol nunca llegó a hacer uso de esta posibilidad.

Desde 2003 y bajo la presidencia de Pasqual Maragall, el tripartito recaudó un total de 212.450 euros. Sólo en 2005 fueron multados 119 comercios por no rotular en catalán. Desde el año 2003 y hasta 2005, la Agencia llevó a cabo un total de 3.632 inspecciones por infracciones de este tipo. Una de las multas impuestas en aquel periodo y que más se recuerda es la que se ejerció contra la emblemática horchatería La Valenciana.

El efecto intimidatorio de las cartas de la Agència Catalana del Consum funciona. La mayoría de comerciantes destinatarios de un primer aviso de la entidad tiende a asumir el cambio de rótulo o incluso a acatar la sanción. Pocos se atreven a asumir las consecuencias de su desobediencia con la normativa vigente y prácticamente nadie recurre una multa.

Los últimos datos que se conocen al respecto datan de 2007, porque aún hay que esperar para saber cuántas sanciones se interpusieron en 2008 y todo el dinero que se recaudó ese año. La Generalitat sancionó en 2007 a 83 establecimientos comerciales, de los que obtuvo 138.150 euros.