El Defensor del Pueblo denuncia que la Generalidad le oculta información

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reprochado en su informe sobre los centros de protección de menores que la Generalidad, que tiene competencias plenas en la materia, no le haya facilitado los datos que solicitó sobre estas instituciones , una queja que el Gobierno autonómico ha negado.

El informe denuncia que muchos centros de menores están llevando a cabo ‘prácticas contrarias' a sus derechos y que la mayoría utilizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor.

El estudio de Múgica dedica un apartado a analizar la situación en cada comunidad autónoma y, en el caso de Cataluña, critica que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no le facilitase la información ‘requerida a las restantes administraciones de todas las comunidades autónomas con competencia en la materia'.

Según Múgica, esta información, que ya había sido solicitada a través del Síndic de Greuges cuando se inició la investigación, no ha sido facilitada ‘en los términos y de acuerdo con los datos solicitados y que resultan imprescindibles para efectuar un estudio comparativo de la situación de los centros en toda la geografía nacional'.

Fuentes del Departamento de Acción Social, del que depende la DGAIA, han afirmado que se proporcionó al Defensor del Pueblo toda la información que les fue requerida y se facilitó su visita a los centros de menores, a pesar de no estar obligada a eso, porque según su opinión solo han de rendir cuentas de su actuación ante el Síndic de Greuges .

Recurrido ante el Tribunal Constitucional

El Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye al Síndic la competencia exclusiva para supervisar la actividad de las administraciones públicas catalanas, un aspecto que, según recuerdo el mismo estudio, ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

En este sentido, la portavoz del Departamento de Acción Social ha asegurado que la Generalidad tiene competencias plenas en la materia y que no tiene ninguna obligación de facilitar información sobre este asunto al Defensor del Pueblo.

Defensor del Pueblo sin instrumentos

El Defensor del Pueblo se queda sin instrumentos para defender a los ciudadanos ante las administraciones catalanas. El protocolo de actuación que ha puesto en marcha la Generalitat en consideración al nuevo Estatut así lo decide. Ante cualquier petición del ombudsman nacional, la conselleria que sea requerida le responderá con una carta en la que le recordará que el marco estatutario vigente traslada su actuación al Síndic de Greuges, y de esa forma le negará la información. Y no sólo eso, también le pedirá que remita la información que tenga del asunto al titular de esas competencias en Cataluña. La actuación del Govern de la Generalitat, sobre todo por la premura en poner en marcha la medida, parece tener más en cuenta el recurso de inconstitucionalidad planteado por Enrique Múgica, muy crítico con la reforma catalana, que por otros motivos más lógicos en defensa de la ciudadanía. Y la realidad no es otra que el Estatut, pese a estar aprobado en referéndum, tiene muchos de sus artículos recurridos en el Tribunal Constitucional y el principio de prudencia debería mandar sobre el de voluntad entre la corte de gobernantes catalanes. Es decir, que la Generalitat debería practicar un ejercicio de modestia y, al menos, esperar a tener la certeza de que los artículos referentes al Síndic de Greuges, que tendría «competencias exclusivas», acaban pasando sin modificaciones de la criba del tribunal que vela por el respeto a la Carta Magna. La medida tomada por el Departament de Relacions Institucionals i Participació tiene más de pataleta contra quien ha criticado abiertamente el principal cometido del tripartito en la última legislatura que de medida con consecuencias beneficiosas para el común de los catalanes.

La Generalitat se niega a dar información al Defensor del Pueblo

Recuerda a Múgica que carece de competencias según el nuevo Estatut / Las diversas conselleries aplican el protocolo que ideó Joan Saura el pasado mes de mayo

BARCELONA.- La Generalitat ya ha empezado a aplicar el protocolo elaborado para tratar de que el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra lo dispuesto en el nuevo Estatut d'Autonomia catalán respecto a las competencias del organismo que dirige, cumpla este texto legal, según explicaron a Efe fuentes de ambas instituciones.

El protocolo interno da instrucciones para que cada vez que el Defensor del Pueblo se dirija a cualquier departamento del gobierno catalán para solicitar información, éste le remita inmediatamente una carta.

En esa carta le recuerda que, en aplicación del nuevo Estatut, la «competencia exclusiva» para supervisar la acción de la Generalitat es del Síndic de Greuges, y le insta a presentar sus solicitudes de información directamente a este organismo, dirigido en la actualidad por Rafael Ribó.

En los casos de quejas enviadas al Defensor del Pueblo que afecten a la Generalitat, el gobierno catalán recomienda a Múgica en esa misiva que traslade la queja y los documentos relacionados con ésta al Síndic de Greuges.

El protocolo fue diseñado a finales del pasado mes de mayo por el departamento de Interior, Relacions Institucionals i Participació, que capitanea el ecosocialista Joan Saura, que lo remitió a todos los departamentos de la Generalitat.

El primer departamento en poner en marcha este protocolo y pedir al Defensor del Pueblo que se dirigiera directamente al Síndic de Greuges fue el de Salut, dirigido por la socialista Marina Geli, y lo hizo el pasado junio, según fuentes del gobierno catalán.

Pero desde entonces se han ido sumando otros departamentos del Govern, ya que, aunque la Generalitat no cuenta con datos precisos sobre cuántas veces se ha aplicado este procedimiento, fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo han dicho a Efe que tienen constancia de haber recibido diversas cartas iguales en estos dos últimos meses.

Con este protocolo, la Generalitat quiere dejar claro a Enrique Múgica, que presentó un recurso contra algunos artículos del nuevo texto catalán, que debe aplicar el Estatut en vigor pese a sus discrepancias con este texto vigente.

El gobierno catalán sostiene que, con el nuevo texto estatutario, el Síndic de Greuges tiene competencias exclusivas para supervisar la actividad en el ámbito de la protección y la defensa de los derechos y las libertades constitucionales de la administración de la Generalitat, así como la de los organismos públicos o privados vinculados a ella, entre otras funciones. Una competencia que también reclama Múgica.

Boicot al Defensor del Pueblo

El tripartito catalán ha anunciado su decisión de boicotear al Defensor del Pueblo y no atender sus peticiones de información. Es una decisión contraria a derecho, ya que la Constitución otorga al Defensor del Pueblo un poder de supervisión que se extiende a todas las administraciones públicas (la del Estado, la autonómica y la local), razón por la cual ningún gobierno autonómico puede ignorar su control. El gobierno catalán no quiere ser controlado o, mejor dicho, quiere que sólo le controle una persona afín, Rafael Ribó, máximo dirigente hasta hace poco de uno de los partidos del tripartito y que ocupa el cargo de defensor autonómico. Así todo queda en casa, entre políticos de la misma cuerda que no quieren que «molestas» instituciones independientes como la que encabeza Enrique Múgica investiguen la actuación del gobierno autonómico catalán.

Raquel C. Cañellas. Barcelona, cartas al director, LA RAZÓN, 1 Junio 2007

Observo con tristeza el enfrentamiento entre el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges en lo que se refiere a la vigencia de las competencias del primero tras la entrada en vigor de un Estatut de Catalunya recurrido. Quizá mucha gente no es consciente de que el nuevo texto estatutario suprime el derecho de los catalanes -en tanto que ciudadanos españoles- a pedir amparo al Defensor de Pueblo ante abusos o una actuación incorrecta de las administraciones local y autonómica, sustituyéndolo por el Síndic de Greuges, una institución de características y atribuciones similares a aquella, pero circunscrita al ámbito catalán y dependiente del Parlamento autonómico. Resulta preocupante que se haya optado por políticas que el sentido común advierte que van a llevar a la discordia. ¿Por qué no se respeta la libertad de las personas de recurrir a la institución que más confianza les inspire o creen que va a defender más eficazmente su reclamación o denuncia? ¿Por qué no pueden convivir y colaborar en Catalunya ambas instituciones? ¿Por qué ese miedo a la libertad? Esta obsesión por eliminar vínculos con el resto de España, de incidir en la diferencia a toda costa, de encerrarse en sí mismo, es posible que beneficie a un sector de políticos ansiosos por controlar parcelas de poder, pero no está reportando ningún progreso, ninguna mejora, a los derechos y libertades del ciudadano. Al contrario, podríamos estar dando pasos atrás.

M. Javier Climent, Barcelona, cartas al director, El Periódico, 3 Junio 2007

La integridad del Defensor del Pueblo

Poco cabe añadir sobre la manifiesta inconstitucionalidad del "estatuto" catalán, después de que uno de sus mas destacados promotores, Pascual Maragall, haya terminado por confesar que fue "un error" impulsarlo "sin modificar previamente la Constitución" Lejos de amedrentarse por el linchamiento político al que le han sometido los nacionalistas y hasta sus propios compañeros del partido, el Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, ha vuelto a insistir en su informe anual en que el término "nación" para referirse a Cataluña no es sólo una "inconstitucionalidad manifiesta" que afecta al preámbulo del Estatuto catalán, sino que invalida "gran parte de la de la normativa", al tiempo que "preludia la desvertebración del Estado", tal y como fue concebido en la transición a nuestra democracia.

Poco hay que añadir a lo mucho ya que ha hemos manifestado durante estos años contra la inconstitucionalidad de todo ese engendro soberanista; más aún después de que uno de sus mas destacados promotores, Pascual Maragall, haya terminado por confesar que fue "un error" impulsarlo "sin modificar previamente la Constitución".

Lo importante ahora es destacar y elogiar la valentía y el sentido del deber que ha demostrado nuevamente Enrique Múgica como Defensor del Pueblo. Una probidad que es exigible a todos los poderes del Estado –especialmente a los magistrados del Tribunal Constitucional– ante un artero y deliberado intento de burlar la Constitución del 78 por parte de quienes confiesan que su pretensión es verla alterada.

Consecuencias de un inconstitucional Estatuto de Autonomía

Y ahora... ¡a por Múgica!

El grupo parlamentario de IU-ICV ha presentado un escrito en el Congreso para que se debata en la cámara la reprobación y cese del Defensor del Pueblo , Enrique Múgica , porque, según Joan Herrera , portavoz de ICV -formación más integrista en temas lingüísticos que otros partidos que se declaran nacionalistas o separatistas-, el ex-dirigente socialista "no respeta la competencia exclusiva del Síndico de Agravios" catalán.

En realidad, la institución del Defensor del Pueblo tiene competencia en toda España, pero el texto estatutario catalán -recurrido, entre otras cosas, por esta vulneración de los derechos de los ciudadanos al pretender que estos no puedan dirigirse a la institución que ahora encarna Múgica - excluye los asuntos ocurridos en Cataluña de la potestad del Defensor del Pueblo.

La función del Defensor del Pueblo es tan sencilla que se resume en esta frase que se puede leer en la portada de su web :

La Generalidad de Cataluña pretende que el Síndico, Rafael Ribó , hasta 2000 presidente de ICV, tenga el mismo trato que el Defensor del Pueblo y que este no esté por encima, institucionalmente, de aquel. Y que en Cataluña el Defensor del Pueblo no tenga competencia alguna.

Con esto lo que busca la Generalidad catalana es que las denuncias que se presenten en Cataluña no puedan llegar a una institución nacional. Es decir, más impunidad. Por ejemplo, un caso práctico: evitar que el Defensor del Pueblo interponga un recurso de inconstitucionalidad contra seis artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña debido a que "el principio de preferencia lingüística es incompatible con el principio de igualdad, porque discriminar lenguas es discriminar personas".

Mientras tanto, el Estatuto sigue en manos del Tribunal Constitucional.

Y así todos los días.

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AT: Las consecuencias del Estatut del PSC, según el Estatut un ciudadano catalán puede protestar ante el Sindic De Greuges (defensor del pueblo a nivel de Catalunya), ante el Ombusman (Defensor del Pueblo a nivel de Europa) pero no ante el Defensor del Pueblo Español.

La aplicación del Estatut enfrenta a Saura y Múgica

El conseller le anuncia por carta que ya no responderá a las solicitudes del Defensor del Pueblo

BARCELONA.- El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, envió esta semana una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para anunciarle su intención de aplicar, a partir de ahora, el mandato que establece el nuevo Estatut para que el Síndic de Greuges centralice el control sobre las administraciones y entidades públicas catalanas.

Así, Saura le anuncia a Múgica que, «en adelante, las solicitudes de información que reciban del Defensor del Pueblo las consellerias de la Generalitat de Catalunya serán trasladadas al Síndic de Greuges en tanto que competente en esta materia y atendiendo a la conveniencia de adaptar el marco institucional de Catalunya a los preceptos del nuevo Estatut».

El conseller le solicita también a Múgica que, a partir de ahora, «traslade la información recibida del promotor de la queja a la Oficina del Síndic, con la finalidad de evitar gravar al particular con la carga de volver a presentar el escrito ante dicha institución».

El Defensor del Pueblo respondió ayer a Saura que aunque el nuevo Estatut haya entrado en vigor, «se encuentra pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional, que merece el máximo respeto».En la misiva, de la que ha enviado copia al president Montilla, Múgica recuerda también a Saura que las competencias del Defensor del Pueblo se encuentran plenamente vigentes. Además, aclara que las quejas y reclamaciones que los ciudadanos presentan ante el Defensor no pueden ser trasladadas para su gestión ante ninguna otra instancia porque el tratamiento de los datos de carácter personal requiere el consentimiento inequívoco de los interesados.

A última hora de ayer, el conseller Saura recordó a Múgica que el Estatut está vigente y que por tanto tiene la obligación, como todos los españoles, de cumplir la ley. «Lo que vale es la ley, y la ley es el Estatut, y se tiene que cumplir», dijo.

El recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo

Muchos ciudadanos catalanes que han enviado quejas al Defensor del Pueblo relacionadas con el ejercicio de la libertad lingüística en Cataluña cuando se opta por el castellano, han recibido del mismo la siguiente respuesta, en ella queda patente la gran importancia que tiene el recurso interpuesto por el Defensor en torno al Estatuto de Cataluña.

Del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo en torno al Estatuto catalán, adjuntamos la parte que recurre los apartados del Estatut relacionados con el tema lingüístico y de anulación de competencias del Defensor en Cataluña: Recurso inconstitucionalidad>>

Desde la Asociación por la Tolerancia reiteramos nuestra felicitación al Defensor del Pueblo por su recurso, felicitación que ya expresamos en su día mediante un comunicado: ...Por tanto, enhorabuena al Defensor del Pueblo, Sr. Múgica, por haber demostrado, una vez más, su compromiso democrático, su independencia, su honradez, su lealtad y su defensa del Estado de Derecho. Por el contrario, nuestra crítica a todos aquellos que inician su campaña coactiva dando bofetadas al Tribunal Constitucional en la cara del Defensor del Pueblo, aún a sabiendas de que ha cumplido con su deber ver completo>>

El Defensor del Pueblo recurre por inconstitucionalidad el Estatuto catalán

El pasado martes, 19 de septiembre, el defensor del pueblo, Enrique Mágica, presentaba un recurso de inconstítucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña que ha caído como una bomba en un escenario político, el catalán, donde aún no se ha acabado de asimilar el profundo rechazo que tuvo en las urnas (sólo contó con el voto favorable del 35, 77% de los catalanes), y que se encuentra de nuevo bastante caldeado por la inminencia de unas nuevas elecciones autonómicas.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Fernando Múgica -un socialista "histórico" que preside quizá la única institución basada en un consenso entre PSOE y PP- se fundamenta tanto en "las numerosas quejas" recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo, como en informes jurídicos que avalan la existencia de, al menos, siete motivos de notoria inconstitucionalidad en el Estatuto.

Esos siete "motivos", ahora recurridos ante el Tribunal Constitucional, son:

1. La fuente de la soberanía. Según la Constitución Española el pueblo español es el único soberano, del que emanan todos los poderes del Estado. Pero el Estatuto de Cataluña afirma que los poderes de la Generalitat emanan "del pueblo de Cataluña" y "de los derechos históricos del pueblo catalán", lo que evidentemente cuestiona de raíz la soberanía del pueblo español.

El recurso critica además su utilización por otras comunidades autónomas "preludia la desvertebración del Estado autonómico".

2. Derechos y deberes. El amplísimo catálogo de "derechos y deberes" del Estatuto -más propio de una Constitución que de un Estatuto de Autonomía- fomenta, propicia y ahonda las desigualdades y crea hechos diferenciales que "pueden llegar a obstaculizar las propias funciones legislativas de las Cortes Generales".

3. Régimen lingüístico. Es el tema que más quejas ha suscitado ante el Defensor del Pueblo. Para éste, el régimen planteado en el Estatuto "supone la exclusión práctica de la lengua cooficial castellana en las relaciones del ciudadano con la Administración y en el sistema educativo".

4. Anulación de competencias del Defensor del Pueblo. El Estatuto otorga al Síndic de Greuges -el defensor del pueblo catalán- la competencia "exclusiva" para controlar las quejas en relación a la actividad de la Administración de la Generalitat, lo que crea un ámbito en que se anula y excluye la actividad del Defensor del Pueblo.

5. Poder Judicial. El recurso cuestiona la totalidad del "Consejo de Justicia de Cataluña", un organismo que actuaría totalmente al margen del Consejo General del Poder Judicial, creando una "justicia alternativa" y bajo control exclusivo catalán.

6. Sistema de asunción de competencias. El recurso del Defensor del Pueblo considera anticonstitucional el "blindaje" de competencias del Estatuto, que ata y destruye la capacidad de actuación del Estado.

y 7. Principio de bilateralidad. El Estatuto formula unos principios de "relaciones bilaterales" entre Cataluña y el Estado en determinadas materias que, según el Defensor del Pueblo, afectan a "la igualdad entre territorios y, por consiguiente, a la igualdad entre los ciudadanos que residen en ellos".

El Defensor del Pueblo no se ha andado, pues, con "paños calientes" ni con contemplaciones y, amparándose tanto en el rechazo popular al Estatuto como en las crecientes quejas de ciudadanos catalanes que llegan a su Oficina, ha planteado un recurso que cuestiona de arriba abajo el encaje constitucional de los nódulos esenciales del Estatuto y se plantea abiertamente restablecer las condiciones de libertad, igualdad y solidaridad entre todos los españoles que el Estatuto dinamita paso a paso.

Avalado por la fuerza de una trayectoria inequívocamente democrática y antifranquista, demostrando una vez más su rigurosa independencia de criterio (pese a su militancia histórica en el PSOE, se enfrenta a la postura oficial de su partido) y poniendo por delante en todo momento su compromiso como "defensor del pueblo" y "guardián de las libertades", Múgica ha dado un paso adelante de gran significado político y que puede resultar de una enorme transcendencia, tanto para decantar el sentido del fallo del Tribunal Constitucional como para poner freno a la escalada de reivindicaciones nacionalistas e introducir un poco de cordura en las nuevas reformas estatutarias que están por llegar.

Montilla, al degüello

La amplitud, fundamentación y trascendencia de este recurso contra el Estatuí ha caído inevitablemente como una bomba en la vida política catalana. Quienes más hincapié pusieron en su defensa, socialistas y convergentes, han saltado como un muelle... no para desmentir los argumentos, o rechazar los motivos, sino para atacar y desacreditar a Múgica, como ya es tradición.

Especialmente zafia ha sido la reacción de Montilla, que sin entrar a valorar el contenido y las razones del recurso, se ha lanzado al degüello contra Múgica, acusándolo de "actuar al dictado del PP" y de "estar agradeciendo a Aznar su nombramiento".

Pasando por encima de que Múgica fue elegido en 2000 con el apoyo del PP y del PSOE, y que su cargo le fue renovado por Zapatero con el consenso, de nuevo, de PSOE y PP (es decir, con el voto del propio Montilla), el "estilo" y el "contenido" del ataque revelan la profunda "caída en el vacío" y mendacidad de un líder que ya no tiene mejores armas que la mentira, el engaño, la desacreditación automática y personal del que discrepa y su estigmatización como "agente del PP", la manida fórmula tras la que el PSC, Montilla y a veces el mismo PSOE tratan de refugiarse ante cualquier crítica y con la que tratan de aniquilar cualquier discrepancia.

Similares argumentos demagógicos ha utilizado CiU, añadiendo el sonsonete del "centralismo": el cuento de nunca acabar.

Pero la palma, una vez más, se la ha llevado ERC, cuyos ataques a los discrepantes se inspiran cada vez más en la terminología que utilizaba la URSS contra sus disidentes, cuyas críticas sólo podía concebirlas como fruto de "una enfermedad", normalmente mental. Así, para Puigcercós, Múgica tiene una actitud "patológica" contra Cataluña; para Carod-Rovira, Múgica tiene una "obsesión enfermiza" contra Cataluña.

La virulencia extrema de estas reacciones demuestra una cosa: el recurso de Múgica ha golpeado su proyecto en plena línea de flotación.

J. Albacete

Educar en el odio

La deriva de algunos sectores del nacionalismo catalán hacia una "xenofobia" antiespañola que raya la imbecilidad y el delito ha alcanzado el sumum con el anuncio que la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas ha intentado poner en circulación con motivo de la próxima celebración de un partido entre los combinados autonómicos de Euskadi y Cataluña.

El "corazón" -por así llamarlo- del anuncio consiste en que un niño con la camiseta del equipo nacional español obliga a oteo niño a quitarse la camiseta de la selección catalana si quiere jugar un partido.

La idea de utilizar niños para este "simulacro de exclusión" demuestra ya por sí solo las intenciones perversas de sus autores, quienes no sólo colocan a Cataluña fuera de España, enfrentan a una con la otra, escenifican el inevitable victimismo de que "España niega y reprime a Cataluña", sino que directamente trabajan por inculcar y fomentar el odio a lo español desde la más tierna infancia.

Con esta muestra destilada de "xenofobia" infantil antiespañola se pone en evidencia lo cerca que están ya ciertos sectores del nacionalismo catalán de alcanzar las posiciones fascistas y racistas de los abertzales vascos; y también la necesidad imperiosa de poner al desnudo la naturaleza absolutamente reaccionaria del proyecto que enarbolan estos predicadores del odio.

Comunicado de felicitación de la Asociación por la Tolerancia al Defensor del Pueblo por su recurso de inconstitucionalidad del Estatut

Enhorabuena al Defensor del Pueblo

En este clima de sectarismo cultivado por parte de importantes líderes políticos, el linchamiento al Defensor del Pueblo representa el ascenso de un grado que debería considerarse inaceptable desde un punto de vista democrático. En este país se ha mimado tanto a los nacionalistas, se les han hecho tantas concesiones para intentar mantenerlos contentos dentro del proyecto común, que se les ha permitido en numerosas ocasiones rebasar los límites que establecen la Constitución y las leyes y se les ha tolerado continuamente la desobediencia y la deslealtad. Ése fue el caso con la Ley de Política Lingüística de 1998, que nadie se atrevió a llevar al Tribunal Constitucional para no levantar sus iras. A punto estuvo de hacerlo el Defensor del Pueblo de entonces –a petición de muchos ciudadanos–, si no hubiera sido porque el victimismo y la presión de los nacionalistas catalanes lo disuadieron. Su conciencia, no obstante, le obligó a hacer una serie de recomendaciones para que en su aplicación se corrigiera el redactado de muchos de sus artículos. Nadie pestañeó cuando el honorable Pujol le dijo que no era asunto de su incumbencia. El apartheid lingüístico se consumó, y vinieron las multas para los comerciantes que no rotulan o ejercen su actividad empresarial en catalán...

El efecto de tanta lisonja ha sido –como hubiera previsto cualquier manual de psicología– el contrario del pretendido, y los nacionalistas (los explícitos y los implícitos) cada vez han ido radicalizando más sus posiciones. Sobre todo, porque los distintos gobiernos centrales y los partidos mayoritarios han renunciado a hacer un discurso alternativo sólido sobre las ventajas de tener un Estado lo suficientemente centralizado como para garantizar la justicia social, la redistribución de la riqueza, la igualdad de deberes y derechos de todos los ciudadanos, y la cohesión mínima que todo país que se precie necesita, dentro del auténtico respeto –no sólo retórico– al pluralismo existente en todas las sociedades libres.

Aquellos barros trajeron los lodos del nuevo Estatuto, que muchos ciudadanos vemos como una nueva amenaza a nuestra libertad individual y como un vaciamiento de competencias del Estado. No somos los únicos; el propio President Maragall, principal impulsor del Estatut, ya lo dijo el día que entró en vigor. Pero, lo peor es que lo vemos plagado de inconstitucionalidades. Por ello, solicitamos a don Enrique Múgica, que interpusiera el recurso en nuestro nombre. Estamos seguros que ha recibido una lluvia de peticiones de ciudadanos de todos los colores políticos y que, después de estudiar el texto a fondo, ha debido ver la pertinencia de llevarlo al TC, cumpliendo con su papel constitucional, consciente de representar a una Institución que es una de las válvulas de seguridad de nuestro sistema.

Por tanto, enhorabuena al Defensor del Pueblo, Sr. Múgica, por haber demostrado, una vez más, su compromiso democrático, su independencia, su honradez, su lealtad y su defensa del Estado de Derecho.

Por el contrario, nuestra crítica a todos aquellos que inician su campaña coactiva dando bofetadas al Tribunal Constitucional en la cara del Defensor del Pueblo, aún a sabiendas de que ha cumplido con su deber. Los que han pedido su recusación para desprestigiarlo y desprestigiar a la Institución que puede poner freno a los excesos nacionalistas han actuado con una enorme irresponsabilidad, porque el desprestigio de las instituciones desemboca en el caos o en el totalitarismo.

Marita Rodríguez

CiU y ERC descalifican a Múgica tildándole de «político frustrado» y «aprendiz de Milosevic»

El PSOE vota en contra de que comparezca para hablar del recurso al Estatuto de Cataluña Los portavoces catalanes, incluido ICV, plantan al defensor del Pueblo en el Congreso

MANUEL SANCHEZ, MADRID.- El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, acudió ayer al Congreso para explicar su informe anual correspondiente a 2005.

El hecho, habitual e intrascendente a nivel informativo, se convirtió, sin embargo, en todo un ataque frontal desde los partidos nacionalistas catalanes -CiU y ERC, especialmente, y también IU-ICV- por el recurso que esta institución ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña.

Múgica ni escuchó nada ni estuvo presente. El gran debate fue al inicio de la comisión y previo a su comparecencia, y era relativo a la petición de los tres grupos citados para que acudiera a explicar a la Cámara Baja los motivos de su recurso.

La petición, como ya se sabía previamente, no prosperó gracias a los votos socialistas -que esta vez se unieron a los del PP-, al considerar innecesaria dicha comparecencia porque ya se van a conocer estas explicaciones en el incidente de recusación presentado contra Múgica por IU, cuya tramitación ha sido aceptada por la Mesa del Congreso.

Sin embargo, esto no impidió que los partidos catalanes mostraran su indignación con lo ocurrido.

Así, el portavoz de CiU, Jordi Xuclá, aunque admitió la legitimidad del defensor del Pueblo para presentar dicho recurso, aseguró que Enrique Múgica «había perdido la confianza» de su grupo.

Xuclá, además, se mostró «profundamente preocupado por el fondo y contenido» de dicho recurso. En este sentido, precisó que Múgica también se opone «a la segunda ola» de reformas estatutarias lo que, en su opinión, va a provocar «un choque institucional». Y aseguró: «Un defensor del Pueblo no tiene derecho a ejercer de político frustrado».

Pero si CiU estuvo dura, el portavoz de ERC, Joan Tardà, no se quedó atrás.

El dirigente independentista aseguró que Múgica «no es el defensor del Pueblo, sino el defensor del PP, y no sabemos a qué pueblo defiende», afirmó.

Para Tardà, el actual representante de esta institución «está instalado en el rencor y deriva en títere de la derecha extrema», por lo que, en su opinión, no puede ocupar «con dignidad» esa institución.

Y dijo más. Según Tardà, el defensor del Pueblo «siembra el odio y la discordia» desde su cargo, que le convierte «en ariete mediático y político para fortalecer su cruzada española». Para el dirigente de ERC, Múgica es un «aprendiz de Milosevic» que «está jugando con fuego».

Tras oír esto, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, parecía un moderado. El dirigente de izquierda, aunque pedía la comparencia de Múgica, se limitó a apuntar que debe acudir a la comisión y no a los medios de comunicación a dar las razones del recurso, «por haber actuado con negligencia y claro partidismo».

Después de ser rechazada su comparecencia, el defensor del Pueblo se incorporó a la comisión para cumplir con el orden del día preceptivo: presentar su informe anual sobre el año anterior.

Sin embargo, hubo otra sorpresa. Tras escuchar todos los miembros de la comisión su intervención inicial, los representantes de esas tres formaciones catalanas optaron por levantarse y abandonar la sala, renunciando a intervenir como les hubiera correspondido y suele ser habitual.

El portavoz del Grupo Socialista, Juan Luis Rascón, expresó su «sorpresa por la súbita desaparición» de estos tres grupos parlamentarios, «pues, quedándose, tenían la ocasión de controlar al Defensor del Pueblo».

A su juicio, la polémica del Estatuto catalán debe tratarse en el marco de la recusación, «y hoy toca controlar la actividad del defensor del Pueblo. Una cosa no quita la otra», comentó.

Por su parte, Enrique Múgica se negó a hacer declaraciones sobre la actual situación política que está viviendo.

Guerra dice que Múgica no se extralimitó cuando cuestionó el 'Estatut'

MADRID.- El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, rechazó ayer que el defensor del pueblo, Enrique Múgica, se extralimitase en sus funciones al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, Guerra alabó lo «bien elaborado» que, a su juicio, está el recurso del defensor, que deberá evaluar el Tribunal Constitucional.

Después de que anteayer la Mesa del Congreso aceptase tramitar la propuesta de IU-ICV para reprobar al Defensor del Pueblo por su recurso contra el Estatut, Guerra defendió que Múgica «no hizo más que cumplir» las atribuciones que le otorga la Constitución. «Puede molestar lo que diga, pero no pueden decir que se ha extralimitado», reiteró en un encuentro informativo en el Club Siglo XXI.

El dirigente socialista elogió las cualidades de Enrique Múgica, quien estaba presente en su conferencia, y afirmó que éste tiene «muchas cualidades y algunos defectos», aunque «ahora le quieren dar uno que no tiene». «Sinceramente, creo que es una exageración», concluyó.

El Constitucional admite a trámite el recurso del Defensor del Pueblo al Estatut

Madrid. (EFE).- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales del Estatuto de Autonomía de Catalunya.

En una providencia, el TC acuerda la admisión a trámite y da traslado de las actuaciones al Congreso, Senado, Gobierno, Generalitat y Parlament de Catalunya para que en el plazo de quince días puedan formular alegaciones.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó el pasado 19 de septiembre un amplio recurso de 139 folios en el que estructuraba sus impugnaciones en torno a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional.

La decisión de llevar el asunto ante el TC originó numerosas críticas desde buena parte de los partidos políticos contra Múgica, al que sí respaldó el PP.

De hecho IU e ICV, han llegado a pedir al Congreso y al Senado que reprueben la actuación "parcial e ideológica" del Defensor en este asunto y que voten su cese.

Horas después de formalizar el recurso, Múgica defendió en una comparecencia ante la prensa su "independencia total" y aseguró que la presentación del recurso no se hizo "desde una perspectiva política, sino exclusivamente técnico-jurídica".

Múgica subrayó que la decisión de recurrir "obedece a la estricta función de garantía de las libertades y derechos fundamentales que la Constitución reserva a la institución del Defensor del Pueblo" y aseguró que "todos y cada uno de los motivos de inconstitucionalidad alegados responden de manera escrupulosa, sobria y precisa a la defensa de los derechos de todos los ciudadanos".

La admisión a trámite ha sido acordada por la sección segunda del Pleno del Tribunal, de la que, junto al magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, forman parte dos magistrados que han sido recusados, no en la tramitación de este recurso sino en la del presentado por el PP.

Se trata de Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP por haber colaborado en los análisis previos a la redacción del estatuto, y Roberto García Calvo, al que la Generalitat ha anunciado que recusará por "falta de imparcialidad".

El recurso del Defensor del Pueblo es el segundo de inconstitucionalidad admitido a trámite por el TC tras el presentado por un centenar de diputados del PP.

Además, varias comunidades autónomas han presentado ya o lo harán en los próximos días sus recursos contra diversos aspectos del texto catalán, que están pendientes de admisión a trámite.

Hoy mismo, a través de otra providencia, el TC pide al Gobierno murciano que subsane algunas deficiencias del recurso que presentó hace unos días. Así le concede cinco días para que aporte certificado de que la decisión de recurrir la adoptó el Consejo de Gobierno de la Comunidad el pasado 8 de septiembre.

Hasta ahora, el Gobierno murciano sólo ha enviado un borrador del acta de la sesión de ese día en el que "no aparecen concretados los preceptos" del Estatuto que se pretenden impugnar.

Múgica merece un homenaje por su valor

El número dos de Ciutadans-Partit de la Ciutadania, José Domingo, ha manifestat que el Defensor del Poble, Enrique Múgica, "merece un homenaje por su valor", ja que "ha hecho muy bien su trabajo, que es permitir que un asunto" que ha suscitat polèmica com és l'Estatut pugui ser avaluat "por el órgano competente que es el Tribunal Constitucional". En aquest sentit, el mandatari de Ciutadans ha afirmat que "esperamos que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales diversos preceptos" de l'Estatut, ja que "coincidimos bastante con el análisis que ha hecho el Defensor del Pueblo". Domingo ha concretat que "el marco de comepetencias no es el adecuado", que "se introducen elementos de complicación con las instituciones españolas" i que "discrepamos con el régimen lingüístico del español" a Catalunya.

A més a més, el candidat d'aquesta formació a la presidència de la Generalitat, Albert Rivera, ha explicat que "consideramos detestable que se juzgue al señor Múgica por sus desgracias personales como se ha hecho desde algunos partidos".

El recurso del Defensor

La principal virtud política de Enrique Múgica Herzog es sin duda la tenacidad. Desde que hace medio siglo ocupó por primera vez la escena política, siendo joven comunista, al organizar la movilización universitaria contra el franquismo en Madrid, no ha abandonado una infrecuente actitud de mantenimiento rígido de sus propias posiciones, a veces contra viento y marea, sin contar el precio que luego debería pagar por ello. Cuando ETA asesinó a su hermano Fernando, optó por decir claramente lo que pensaba, sin concesión alguna a un humanitarismo de fachada: nunca iba a perdonar a los autores del crimen. En un momento de calma política, populares y socialistas se pusieron de acuerdo para cerrar con dignidad su carrera política, al designarle Defensor del Pueblo.

Parecía el fin. Semejante pronóstico suponía no contar con ese aspecto central de su personalidad. La ocasión vino dada por la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Desde siempre crítico de las distintas variantes del nacionalismo en Euskadi, su apreciación positiva del Estado de las Autonomías se vio siempre acompañada de una cláusula mental de reserva sobre las posibilidades abiertas a los nacionalismos para intentar desbordarlo. Nada tiene de extraño que la dirección tomada por el Estatut, desde sus primeros pasos, le causara una creciente intranquilidad, acentuada por su posición institucional. Desde su atalaya de Defensor del Pueblo, difícilmente iba Enrique Múgica a aceptar en silencio lo que en cambio aceptan otras notables personalidades, sin duda tan disconformes de fondo como él, en lugares como el Consejo de Estado. Sin contar con la legitimación otorgada por la norma a la presentación de su recurso. En contra del clamor suscitado en medios catalanes, y otros, que se ciñen a la descalificación pura y dura, Múgica se encontraba perfectamente facultado para formular el recurso de inconstitucionalidad, lo creyó necesario y obró en consecuencia. Cosas diferentes son la valoración jurídica de sus planteamientos, que ahora corresponde al Tribunal Constitucional, y la estimación de los efectos políticos que pudiera tener su aceptación total o parcial.

En el primer caso, me atrevo a decir que si el TC asume lo esencial de la impugnación, el Estatuto de Cataluña quedaría literalmente hecho trizas. Una lectura atenta del recurso permite constatar que surge de algo mucho más profundo que una simple pugna de competencias. En un primer momento, puso pensarse que si recurría el Defensor del Pueblo de Madrid era porque sus competencias habían sido visiblemente invadidas por las que el Estatut confiere a su colega catalán, el Sindic de Greuges (Síndico de Quejas). Puestos a emborronar, algunos comentaristas insistieron de entrada sobre este punto, asegurando que en casi todo la figura del Sindic de Greuges recordaba la aprobada en el Estatuto valenciano, no recurrido, con lo cual la acción de Múgica era presentada como arbitraria. Pequeño detalle: en el texto valenciano falta la nota de «competencia exclusiva», asignada por el artículo 78.1 del Estatut al Sindic, que por mucho que se temple luego introduciendo el escasamente jurídico concepto de «colaboración», lleva de modo irremediable a expulsar en Cataluña al Defensor del Pueblo de la función que le es asignada por el texto constitucional. No es una simple cuestión formal, y éste es el punto de partida de la dimensión asumida por el recurso. La defensa de los derechos de los ciudadanos en todas y cada una de las comunidades autónomas requiere la posibilidad de acceder, si es que no apostamos por la disgregación del Estado y la indefensión jurídica de sus miembros.

Tal condición no nace en la era del constitucionalismo, siendo ya el elemento que trazaba la frontera entre la monarquía absoluta, en su concepción bodiniana, y los despotismos: en principio, el súbdito siempre debía tener acceso a la justicia real, por encima de jurisdicciones inferiores. Toda la imagen de la justicia del rey, en el teatro del llamado Siglo de Oro, descansa sobre este supuesto (de Fuenteovejuna a El caballero de Olmedo). Si esa vía de acceso falta, es porque impera el despotismo o porque de hecho es una autoridad inferior la que ejerce las competencias propias del Estado. Dicho en plata y para hoy: ¿Le va a servir de algo a un catalán protestar por los eventuales abusos en la aplicación de las normas sobre el idioma del Estatut al Sindic de Greuges? ¿Por qué se le va a privar de la protección que le otorga el texto constitucional? Un ejemplo entre mil. A partir de ahí, va desplegándose el abanico de grandes temas en que el entramado de derechos constitucionales puede ser vulnerado de mantenerse la vigencia del Estatuto catalán. Desde un punto de vista político, el enfoque adoptado lleva entonces a plantear una enmienda a la totalidad del edificio estatutario: estamos en el caso del Estatuto ante un planteamiento político en abierto conflicto, por no decir incompatible, respecto de las ideas fundamentales que inspiran la Constitución de 1978.

Más allá de la posibilidad o no de impugnar la afirmación nacional de Cataluña expresada en el preámbulo, es su relación con el artículo 5.4, al fundamentar los poderes de la Generalitat, lo que abre el foso de la inconstitucionalidad. La nación española desaparece, sustituida por «el pueblo catalán» y por «los derechos históricos» de Cataluña, y eso supone que el principio de la soberanía nacional adscrita a España es asimismo borrado. La consecuencia no está muy acertadamente expresada en el recurso, que habla de «desvertebración». Pronto quedan, sin embargo, las cosas claras, al considerar que todo el capítulo del Estatut sobre derechos, deberes, principios rectores está de más, ya que desconoce la naturaleza intraconstitucional del Estatuto, a partir del cual no deben proponerse derechos ni deberes que sustituyan o entren en conflicto con los de la ley fundamental (y con los de otros posibles estatutos en un auténtico puzzle jurídico).

El recurso apunta a una clara intencionalidad política: «Lo que se está pretendiendo con la inclusión de ese catálogo de derechos y deberes es dar a este Estatuto de Autonomía una apariencia de Constitución, incluyendo una parte dogmática al uso tradicional de las cartas fundamentales». Se trata de una pretensión «constitucionalmente ilegítima», lo mismo que la «impresionante» asunción de competencias por parte de la Generalitat en nada menos que 64 artículos, del 110 al 173, lo que el recurso llama «una técnica de blindaje competencial por descripción». Otro tanto sucede en el campo del poder judicial y de la administración, donde el cuadro resultante sólo sería admisible de disfrutar las comunidades de un cheque en blanco para organizarse en plena libertad, hasta el punto de poder exigir que el Estado modifique sus leyes en función de las normas estatutarias. La defensa del Estatut se hace aquí en nombre de un supuesto «bloque de constitucionalidad», que ignora la jerarquía de instituciones y normas. Maragall tendría, pues, razón al hablar como balance de un Estado residual, en cuyo marco «Catalunya hace lo que quiere».

El recurso se fija también en el tema lingüístico, que sorprendentemente ocupó un lugar secundario en el debate. La crítica se centra en la infiltración del concepto de «lengua propia», convertida en protagonista privilegiado frente a la «lengua oficial», así como en el principio de «disponilibilidad lingüística», que en medio de un haz de normas dirigido a imponer el catalán en todos los ámbitos, llega a refrendar la adopción de sanciones incompatibles con el principio de libertad del uso de la lengua en el ámbito privado. El círculo se cierra con la designación como inconstitucional del modelo de relaciones entre Generalitat y Estado, regido en el Estatuto por el criterio de bilateralidad, desgranado artículo a artículo. Conclusión: «Lo que sitúa el marco de relaciones entre el Estado y la Generalitat, no en el ámbito del Estado federal, sino en el de la confederación de Estados». Mi impresión es que lo que ha presentado el Defensor del Pueblo, en términos jurídico-políticos, no es un recurso más, sino el recurso.

El mal estilo de Montilla

ENRIQUE Múgica, el Defensor del Pueblo, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Autonomía, que, en los hechos, hace de Cataluña algo más que una región con autogobierno y de España, algo menos que una Nación y un Estado. El tiempo y el Tribunal nos dirán cuáles son la dosis de la razón y el excipiente de responsabilidad que asisten al veterano protagonista, siempre instalado en supuestos democráticos, de la vida española. Ocurre que aquí son muchos los que tienen prisa y no resultan capaces de esperar civilizadamente las sentencias de los tribunales, y algunos, como el siempre inquietante José Montilla, han puesto pies en pared ante la iniciativa del Defensor. En un alarde de bajos instintos ha llegado a decir, atreviéndose al juicio de intenciones, que lo que ha hecho Múgica, elegido por consenso en tiempos aznaritas, «está agradeciendo el cargo» a los populares.

Fuera cual fuese la razón, o la sinrazón, de Múgica no resulta de recibo que alguien, casualmente conmilitón del partido en el que Múgica es veterano militante, ponga en solfa la honradez del personaje y, para debilitarla más todavía, añada que actuó condicionado por el asesinato de su hermano, dolorosa circunstancia que poco tiene que ver con el Estatuto y su constitucionalidad. Para Montilla, gran fabricante de embrollos, Múgica es, más que Defensor del Pueblo, «defensor de las ideas más conservadoras, las ideas del PP». ¡Qué obsesión! Con tal de tener razón, algo de lo que no se conoce bien su esencia, el aspirante a la Generalitat es incapaz de guardar las más elementales formas de cortesía -no creo que las almacene en el fondo de su espíritu- y proferir insultos graves contra quien, con razón o sin ella, es un hombre honesto y un ejemplo de servicio limpio y abnegado a los asuntos públicos.

Si, como bien nos enseña Álvaro de Laiglesia en su testamento literario, «En el cielo no hay almejas», Montilla está condenado, si es que le aceptan, al infierno. Su alma es demasiado pequeña, una almeja, para incluirle en la legión de los justos. Pensar y decir que Múgica no tiene otra intención que la del servicio al PP es villano. Denota una miseria moral que el propio PSOE, si continúa teniendo alguna influencia en su franquicia catalana, el PSC, debiera amonestar y condenar por razones de estilo. Bien está, y conveniente resulta, el juicio sobre los hechos que nos ofrecen los hombres públicos; pero atreverse al juicio de sus intenciones, algo que se esconde en los recovecos de su propia conciencia, denota unas carencias éticas equivalentes a las políticas que ya le habíamos detectado en sus días de ministro de Industria, cuando, por ejemplo, metió la mano en la OPA de Gas Natural sobre Endesa y la pata en la de E.ON sobre la misma multinacional española.

Estatuto: un recurso oportuno

ACIERTA plenamente el Defensor del Pueblo al interponer recurso de inconstitucionalidad contra el capítulo referido a los derechos fundamentales y libertades públicas del Estatuto catalán. Como es notorio, la sentencia del TC tendrá en su día una importancia decisiva para la continuidad del modelo territorial vigente. Voces muy autorizadas -a las que ahora se suman Enrique Múgica y el equipo de prestigiosos juristas que le asiste en el recurso- entienden que el Estatuto no se ajusta a la Constitución ni a la propia jurisprudencia del máximo intérprete de la Carta Magna. Las alegaciones que presente el Defensor, junto con las ya formuladas en el recurso del PP, permitirán al TC comparar estos argumentos jurídicos con la defensa que el Gobierno y las instituciones autonómicas afectadas van a realizar en favor de la constitucionalidad del texto. Las buenas razones nunca sobran y por ello resulta inaceptable la reacción de los partidos catalanes, excepto el PP, descalificando el recurso y cuestionando la imparcialidad de su autor. Todo lo contrario: el Defensor del Pueblo es definido por la Constitución como «alto comisionado» de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Con buen criterio, el recurso se limita a impugnar los preceptos que pueden afectar a la igualdad ante la ley de todos los españoles, valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí se incluyen -de forma directa o indirecta- materias como la lengua, la soberanía, la administración de Justicia y el derecho a recurrir ante el Defensor estatal cuestiones referentes a las competencias de la Generalitat. La impugnación no alcanza, en cambio, a la distribución de competencias o a las relaciones bilaterales entre el Estado y la Comunidad autónoma, entre otros elementos muy controvertidos del Estatuto.

Cuando está en juego el sistema territorial basado en los principios de unidad y autonomía, las instituciones tienen el derecho y el deber de ejercer las competencias que les corresponden en defensa objetiva de la Constitución. No sirve la pasividad disfrazada de prudencia o mirar hacia otro lado con la esperanza de que las cosas se resuelvan solas. De hecho, estamos asistiendo a una mutación que conduce desde el Estado autonómico a una especie de modelo confederal indefinido. El TC tiene ante sí una grave responsabilidad y debe ser bienvenido cualquier elemento que se aporte legítimamente para contribuir a que los magistrados formen su juicio de constitucionalidad. Si molesta al Gobierno o a sus socios, o si se produce en plena precampaña electoral, son cuestiones de oportunidad política a las que el Defensor del Pueblo debe ser ajeno. Enrique Múgica, como defendió ayer en su rueda de prensa, ha demostrado su independencia y ha puesto en valor la institución de la que es titular.

Per a la defensa de drets, com més millor

Els que fa uns dies reclamaven respecte al paper de les institucions en l'Estat democràtic no han perdut el temps a denigrar-les quan els seus pronunciaments no s'han acomodat als seus particulars interessos.

La interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat pel Defensor del Poble contra alguns articles de l'Estatut d'autonomia de Catalunya ha aixecat les ires de les formacions nacionalistes a Catalunya. Una altra vegada s'ha acudit al victimisme, i tornem a sentir crits denunciant "el nou afront" espanyol.

Els contraris a la decisió d'Enrique Múgica al·ludeixen a la seva falta d'independència i al caràcter polític de la seva posició contrària a l'Estatut. Ciutadans aplaudeix la iniciativa del Defensor del Poble, i hem de felicitar-nos que el Tribunal Constitucional tingui una nova oportunitat per estudiar la constitucionalitat de l'Estatut d'autonomia i donar la doctrina necessària que serveixi per delimitar correctament les regles del joc polític i jurídic, no només per a Catalunya sinó també per a la resta d'Estatuts d'autonomia.

Curiosament, un dels aspectes que més retret ha merescut de l'actuació de Múgica ha estat la impugnació del caràcter exclusiu que atribueix l'Estatut al Síndic de Greuges en el coneixement de les queixes relacionades amb l'Administració autonòmica. Fins a l'aprovació de l'Estatut, Síndic i Defensor compatibilitzaven el control de les administracions públiques catalanes, però amb el nou Estatut el Defensor del Poble no podrà supervisar l'activitat de la Generalitat.

Què guanyen els ciutadans amb aquesta exclusivitat? El Defensor del Poble pot iniciar investigacions que condueixin a l'esclariment d'actes i resolucions de les administracions que puguin ser contràries als interessos dels administrats o que vulnerin els drets fonamentals. És absurd que amb el nou Estatut qualsevol ajuntament català pugui ser objecte de triple fiscalització pel Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i l'ombudsman propi i, en canvi, a la Generalitat només la pugui investigar el Síndic. Amb aquesta equivocada decisió els catalans hi perdem, perquè la proximitat en matèria de control no sempre garanteix millor els drets. És contradictori que els qui accepten de bon grat que les institucions europees puguin ficar el nas en els nostres assumptes s'escandalitzin si una institució espanyola —potser és això el que, en definitiva, molesta— vetlli per la defensa dels drets dels catalans.

L'Estatut aposta per un camí equivocat: cal procurar crear una xarxa d'ombudsmen que treballin junts, i no crear institucions tancades que desconfiïn dels altres. En matèria de protecció de drets, com més millor. És d'esperar que el Tribunal Constitucional corregeixi la tendència.

En tot cas, els qui censuren a Múgica la seva independència per la seva antiga adscripció al PSOE, haurien d'aplicar la mateixa mesura a Rafael Ribó, el nostre Síndic de Greuges, secretari general i portaveu d'IC fins fa poc.

José Domingo, Membre del Comité Executiu de Ciutadans-Partit de la Ciutadania.

Ole tus razones, defensor del pueblo!

...Todavía hay quien se sorprende que Portabella, concejal de ERC por Barcelona, haya anunciado su negativa a asistir al pregón de las fiestas de la Merçé porque la escritora gaditana Elvira Lindo lo hace en castellano. ¡Como si eso fuera novedad!...

...Por eso es tan importante el recurso de anticonstitucional del defensor del pueblo, Enrique Múgica. Gracias. Los Ciudadanos, como los niños, confiamos siempre que un hombre bueno aparezca en la pantalla. Y esta vez, sí, esta vez ha aparecido usted. Gracias...

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El Defensor del Pueblo recurre el Estatuto por ser una «reforma constitucional encubierta»

Impugna 112 artículos y cree que el carácter oficial del castellano en Cataluña es «una entelequia» Concluye que «preludia la desvertebración del Estado autonómico» y rechaza el término 'nación'

MADRID.- El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, en vigor desde el 9 de agosto, porque entiende que se trata de una «reforma constitucional encubierta».

El extenso escrito, de 139 folios, pide que se declaren inconstitucionales 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales del Estatuto. El recurso analiza siete grandes puntos en los que, a juicio del Defensor, la norma autonómica colisiona con la Consitución: soberanía y derechos históricos; derechos y deberes; régimen lingüístico; competencias; Poder Judicial; Síndic de Greuges, y relaciones bilaterales con el Estado.

Para Múgica, el empleo de la palabra nación en el Preámbulo supone «una inconstitucionalidad manifiesta», «invalida gran parte de la normativa estatutaria» y «como modelo a seguir por otras Comunidades, preludia la desvertebración» del Estado autonómico.

Según el recurso, las afirmaciones que hace el texto estatutario de que «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña» y que «el autogobierno se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán» están «en abierta pugna» con la Constitución, según informa Efe.

El defensor del Pueblo también considera que la inclusión en el Estatuto de «un extenso listado de derechos y deberes» sobrepasa las funciones que debe tener una norma autonómica, con la pretensión de darle «una apariencia de Constitución». «El Estado de las Autonomías no es un Estado federal», insiste.

El recurso es especialmente crítico con el régimen lingüístico que define la nueva norma autonómica. Asegura que el carácter oficial del castellano en Cataluña es «poco más que una entelequia que dista mucho de ser la realidad que el texto constitucional impone».

Múgica recuerda en su recurso que la Constitución no establece el deber de conocer las lenguas cooficiales, y que esa obligación no puede ser impuesta por un Estatuto. También advierte de que, si bien las Comunidades pueden dictar leyes para el fomento de sus lenguas propias, «no pueden llevarse a extremos en los que el resultado sea la práctica exclusión del castellano». Se ha pasado de «la fórmula constitucional de bilingüismo oficial y territorial a la de monolingüismo territorial», concluye.

En el apartado relativo a la Justicia, la institución que dirige Múgica pide que se declare inconstitucional la regulación del Consejo de Justicia, de las obligaciones de jueces y fiscales en materia lingüística y de la participación de la Generalitat en la elección del TC y del Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo, el recurso señala que debe rechazarse el nuevo sistema de asunción de competencias porque, en su opinión, es en realidad «una reforma encubierta de la Constitución». Por último, los artículos que establecen una relación bilateral entre la Administración central y Cataluña encierran, según expresa el escrito, «la pretensión de situarse al mismo nivel que el Estado».

El portavoz de la Generalitat catalana, Joaquim Nadal (PSC), dijo ayer que el Gobierno autonómico ve «con preocupación» el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo. El candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, José Montilla, consideró que la decisión de Múgica de recurrir el Estatuto ante el TC es «profundamente equivocada y negativa».

Artur Mas, presidente de CiU, señaló que la iniciativa «es una prueba de que el PSOE se pone al mismo nivel que el PP, con una obsesión en común». El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, vaticinó que será el «segundo afeitado» que sufrirá el texto tras su salida del Parlamento catalán.

Por contra, la secretaria de Política Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró su «satisfacción» por el recurso.

El Defensor del Pueblo recurre el régimen lingüístico del Estatut ante el Constitucional

Montilla califica la decisión de «equivocada y negativa», y la Generalitat lo ve con «preocupación»

MADRID.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatut, aprobado en referéndum el 18 de junio y en vigor desde el 9 de agosto. Múgica dará hoy a conocer los argumentos más relevantes del escrito.

Según adelantó la Oficina del Defensor en una nota de prensa, el recurso es «bastante amplio» y se refiere, entre otras cuestiones, al régimen lingüístico establecido por el nuevo Estatut. También afecta a la definición del Síndic de Greuges, y cuestiona la regulación que hace del Poder Judicial, la Administración de Justicia y las competencias de la Generalitat. Asimismo, incluye algún aspecto relativo a las «relaciones bilaterales» entre el Gobierno autonómico y el Estado español.

En la misma nota, Múgica precisa que la decisión de recurrir el Estatut «ha sido tomada tras analizar el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado y teniendo en cuenta, como único y exclusivo criterio de actuación, el objetivo y la razón de ser de su función constitucional». A juicio del Defensor, la nueva norma supone un «posible recorte de la soberanía del Estado».

El recurso está basado, fundamentalmente, en los dictámenes y recomendaciones de los catedráticos Roberto Blanco Valdés, Pedro de Vega y Tomás Ramón Fernández, según informa Europa Press.

Enrique Múgica ya advirtió en octubre de 2005, cuando el texto aún no había iniciado su tramitación en las Cortes, que llevaría el Estatuto ante el TC si no se modificaba su redacción en lo relativo al Síndic de Greuges. El Defensor del Pueblo ha expresado en diversas ocasiones su opinión de que esa redacción colisiona con las garantías para las libertades y derechos fundamentales recogidas en el Capítulo IV del Título I de la Constitución Española.Así, para el Defensor no queda asegurado que todos los ciudadanos, incluidos los de Cataluña, tendrán la opción de defender sus derechos fundamentales a través de su institución.

El portavoz de la Generalitat, Joaquim Nadal, dijo ayer que el Govern ve «negativamente y con preocupación» el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, aunque añadió que no lo valorará «hasta que el TC se pronuncie». El candidato socialista a la Generalitat, José Montilla, consideró que la decisión de Múgica de recurrir el Estatut ante el TC es «profundamente equivocada y negativa».

Más contundente se mostró el líder de IC-V, Joan Saura, que calificó el recurso de «absolutamente inaceptable» y agregó que, en su opinión, sitúa a Múgica «en posiciones cercanas al PP». En términos parecidos se manifestó el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, para quien la iniciativa supone «un nuevo servicio» a los populares.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Puigcercós, aseguró que el recurso será el «segundo afeitado» que sufrirá el texto tras su salida del Parlament. El portavoz republicano denunció la «connivencia absoluta» de la judicatura, «la derecha ultramontana» y «sectores del PSOE» con esta iniciativa. Por ello, reclamó al PP y al PSOE que expliquen por qué han dado argumentos a Enrique Múgica «para ir contra Cataluña».

El presidente de CiU, Artur Mas, afirmó que esta postura demuestra que PSOE y PP comparten el «objetivo» de que el texto «tropiece» ante el TC, mientras que el portavoz del PP catalán, Daniel Sirera, pidió «respeto» para la decisión de Múgica ya que su deber es «defender a los ciudadanos».

A qui defensa el Defensor?

El Defensor del Poble, Enrique Múgica, va complir ahir la seva amenaça i va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra el nou Estatut de Catalunya que més aviat s'assembla a una esmena a la totalitat. Hi ha hagut governs autònoms que han recorregut davant l'alt tribunal alguns aspectes que consideraven negatius contra el seu territori, però Múgica va molt més enllà. El Defensor ho qüestiona gairebé tot: sobirania, drets històrics, llengua, competències, model judicial, finançament, bilateralitat... Tot això, acompanyat d'una sèrie de consideracions que van molt més enllà del paper que correspon a aquest càrrec. La pregunta, doncs, és òbvia: amb aquest recurs a qui defensa el Defensor? Quines institucions, col·lectius, entitats o particulars l'han instat a presentar una càrrega de profunditat semblant? Potser només l'Estat -el model d'Estat que defensa Múgica- podia haver-ho fet... Aquesta constatació evidencia que Enrique Múgica defensa conceptes sectaris i no ocupa el càrrec considerant l'interès general. Potser per això José María Aznar el va nomenar, amb la complicitat del PSOE en aquell moment.

www.diariodirecto.com, 20-09-2006 12:13:20 , BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Estatut. Alcalde de Barcelona acusa a Múgica de "no hace honor a su título" y se pregunta "a qué pueblo defiende"

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, acusó hoy al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de "no hacer honor a su título" al recurrir el Estatut y se preguntó "a qué pueblo defiende". El Defensor del Pueblo "tiene otras prioridades y otros derechos a defender que no entrar en esta cuestión", señaló.

Hereu se posicionó así ante la decisión de Múgica de recurrir el texto estatutario, aprobado en referéndum el pasado 18 de junio y ya en vigor. En el recurso cuestiona algunos de sus principales aspectos, como el término ''nación'', que "preludia la desvertebración del Estado" de las autonomías y el modelo lingüístico, según Múgica.

De forma contundente, el alcalde le criticó por "no hacer honor a su título" porque es "Defensor del Pueblo pero ¿de qué pueblo?", se preguntó. "Se trata de una vulneración y en el Estado español hay otros derechos por los que velar", puntualizó Hereu, quien consideró la decisión "no consecuente".

Hereu lamentó la decisión, al considerar que "no es consecuente" y que es "una politización de la figura del Defensor del Pueblo inapropiada". "El pueblo catalán se expresó de forma contundente en un referéndum y lo hizo después de un proceso muy cuidadoso y discutido".

"Se trabajaron con muchos dictámenes los aspectos de constitucionalidad y esto se hizo primero en Cataluña", con el debate en el Parlament, y "después en las Cortes", aseguró el dirigente socialista.

Hereu hizo estas declaraciones tras inaugurar un seminario sobre el Plan Estratégico Metropolitano en la Llotja de Mar de Barcelona, donde varios expertos analizaron las tendencias económicas, culturales y sociales de las grandes áreas metropolitanas.

Pide al defensor del pueblo a recurrir el Estatut de Catalunya al Constitucional

AT: Si consideras, como nosotros, que el Estatuto es inconstitucional te animamos a que pidas al Defensor del Pueblo que lo recurra:

enlace a la página donde realizar la petición >>

¿Debe el defensor del pueblo defender a cada ciudadano?

Contesto: sí, en una democracia parlamentaria constituida como Estado de Derecho. España, pese a la contradicción semántica (de momento insalvable) de ser una monarquía, puede considerarse un Estado del tipo que he definido. El pueblo -con la minúscula pertinente- es, en tal organización política, Matadepera o Bollullos de Arriba: un municipio.

El Pueblo -con mayúscula gráfica o mental- es una entelequia colectiva propia de Estados totalitarios, llámense comunistas o fascistas, que a estos efectos es lo mismo: véase Lenin, El Estado y la revolución, 1918.

Ergo: en España, el Defensor del Pueblo debe defender personas, una por una o agrupadas del modo ajustado a Derecho que prefieran.Así las defenderá a todas: sumadas constituirán -admitámoslo como licencia poética- el pueblo, en uno de los significados que people tiene en inglés usual: los habitantes. Pero acudamos a la última edición del Dicionario de la Academia española (DRAE, 2001): «defensor del pueblo. Persona comisionada por las Cortes Generales para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los poderes públicos.» Más claro, agua: proteger a los ciudadanos ante los poderes públicos.

Repitan: la función del Defensor del Pueblo es defender a los ciudadanos ante los poderes públicos. Por lo visto, el Defensor del Pueblo (español) decidió consultar el DRAE y actuar en consecuencia: Enrique Múgica Herzog le comunicó a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera (cuya simpática pinta de progre hace honor a la definición de su tío Leopoldo Calvo-Sotelo), su preocupación por «la progresiva minoración» de las «libertades y derechos lingüísticos» de aquellos ciudadanos de Cataluña cuyo deseo sería que sus hijos recibieran en el sistema público (como pueden hacerlo en la red privada) las enseñanzas de todo el itinerario educativo en su lengua materna, propia o primera: el castellano o español, que mire usted por dónde -añado yo- es cooficial en Cataluña y además es la usual y familiar de dos tercios de los catalanes escolarizables.

Ojo, que no se trata de proponer que la enseñanza sea solo en castellano, sino también en castellano, «sin cortapisas de ningún tipo», especifica Múgica.

¿Cortapisas? Todas, apostillo yo. Solo si unos padres deciden convertir a sus hijos en héroes o mártires osarán afrontar el Everest de cortapisas ilegítimas (que ahora el nuevo Estatut pretende legalizar) edificado por los poderes públicos de Cataluña para que solo el catalán sea lengua vehicular. La anterior consellera d'Educació, la republicana Marta Cid, lo negaba. Mentía.

Como el Síndic de Greuges, el ex comunista Rafael Ribó, dedicado a proteger la Catalunya con ny, contra los ciudadanos y no a estos ante los poderes públicos.

Lo mismo ocurre en otros ámbitos (Múgica cita Comercio y Salud), pero yo solo le haré una pregunta a la ministra Cabrera: ¿qué piensa decirle al nuevo conseller, el socialista Joan Manuel del Pozo, qué le toca hacer? Y otra al conseller: ¿qué quiere hacer?.

El Defensor del Pueblo alerta por el recorte de derechos de la lengua castellana en Cataluña

Pide una «presencia suficiente» en los colegios y ERC lo tacha de «cómplice de la catalanofobia»

MADRID.- El Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio de Educación su preocupación con la «progresiva minoración» de las «libertades y derechos lingüísticos» de quienes optan por el uso del castellano en el ámbito educativo de comunidades como Cataluña, según consta en el informe de esta institución correspondiente al pasado año y enviado el miércoles al Congreso de los Diputados.

El Defensor del Pueblo recoge que las quejas más frecuentes que ha recibido en torno a este asunto se centran en el ámbito educativo. Por ello, se ha dirigido a la ministra Mercedes Cabrera para sugerirle que valore la posibilidad de incorporar al proyecto de ley remitido a las Cortes las garantías «de una presencia adecuada y suficiente de la lengua castellana en los planes de estudio», informa Europa Press.

Asimismo, aboga por reconocer de forma expresa el derecho de los alumnos a recibir, «sin cortapisas de ningún tipo», la primera enseñanza en la lengua de su libre elección, así como el derecho de que la educación les sea impartida, en todo caso, «en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos».

Al margen, apunta la posibilidad de que se contemple el derecho de los alumnos a que, en determinadas circunstancias personales o sociales, se facilite el aprendizaje de la lengua cooficial y a que se les apoye cuando se incorporen tardíamente al sistema educativo de una comunidad autónoma con lengua cooficial propia.

En particular, se refiere a Cataluña, y señala que han recibido un «número considerable de quejas» que cuestionan el hecho de que la Administración educativa catalana no informe «adecuadamente», según los reclamantes, a los padres de los alumnos del derecho de sus hijos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, sea ésta castellano o catalán.

Los interesados han señalado en sus quejas que esta información se omite a lo largo del proceso de admisión y matriculación de los alumnos en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. El Departamento Catalán de Educación justifica este hecho con el argumento de la discrecionalidad que les asiste para aplicar la ley. El Defensor del Pueblo alega, por su parte, que, sin cuestionar esta discrecionalidad, sí debería tomar las medidas oportunas para que los derechos lingüísticos de los alumnos puedan ser ejercidos eficazmente.

Medio millar de quejas

El informe de 2005 de esta institución alude también a 550 quejas presentadas en las que se critica la creación, en ciudades como Barcelona, Girona y Tarragona, de las oficinas de Garantías Lingüísticas destinadas a facilitar las denuncias contra los establecimientos que no anuncien sus rótulos en lengua catalana o que carezcan de personal que atienda en esta lengua. Por dicho motivo, el Defensor del Pueblo se dirigió a la consejera de Comercio de la Generalitat, de la que no ha obtenido respuesta. Por último, recomienda al Departamento Catalán de Salud que remitan las comunicaciones en lengua castellana a los usuarios que así lo soliciten.

Tras conocer estas sugerencias, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, acusó al defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de haberse convertido en «cómplice activo», con sus «falsedades», de la «campaña de catalanofobia desatada por la derecha extrema» contra el nuevo Estatuto catalán.

Izquierda liberal , Antonio Robles

El indefenso "Defensor del Pueblo"

...El Síndic de Greuges, en este sentido ¿está para proteger o está para impedir que se protejan efectivamente los derechos y las libertades de los catalanes?...

...Al Síndic de Greuges se le toma más como organismo al servicio de la construcción nacional y el monolingüismo que como garantía contra los abusos de la Generalitat. Un mundo al revés...

...Alertados del SOS al Defensor del Pueblo español de miles de catalanes, los padres del nuevo Estatut han incluido el Art. 78.1 por el que Cataluña se reserva el "carácter exclusivo" del Síndic de Greuges. ¿Adivinen para qué? No había que permitir que el Defensor del Pueblo español pudiera poner coto a la omertà nacionalista...

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El Defensor del Pueblo estudia a fondo el texto para recurrirlo

MADRID.- El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, advirtió ayer de que «a lo mejor» artículos del Estatut a los que el Consell Consultiu atribuyó «inconstitucionalidad», pueden «ser aprobados por las Cortes Generales». Asimismo, avisó de que él tiene legitimidad para recurrir el texto si supone menoscabo a la libertad y, sobre todo, a la igualdad entre españoles. En referencia a Pascual Maragall indicó que él no cree en la cosoberanía, subrayando que «a veces se pasa de la socialdemocracia al social-liberalismo y otras veces se pasa al socialnacionalismo».

Múgica indicó que la institución que dirige cuenta con un grupo que está estudiando «a fondo» el Estatut, con la cooperación de catedráticos de derecho constitucional y administrativo, para que dictaminen. Recordó que antes de que el proyecto de reforma fuese aprobado por el Parlamento catalán, el texto fue examinado por el Consell Consultiu. «Y hay elementos del Estatut sobre los que se pronunciaron los miembros del Consell insistiendo en la inconstitucionalidad de algunos artículos. Tenemos que ver cómo a lo mejor, artículos de ese Estatut a los que se ha atribuido inconstitucionalidad pueden ser aprobados por las Cortes», explicó, en una entrevista con Europa Press.

A su juicio, existen «problemas muy importantes». «No sólo en relación a los criterios de libertad e igualdad, sino también en relación a los del propio grupo selecto que constituye el Consell Consultiu, elegidos a su vez por el Parlament», zanjó.Preguntado a qué asuntos concretos se refería, se limitó a responder: «No le puedo anticipar. Sólo le puedo decir que ahí puede haber otros asuntos».

Aunque señaló que no le parecía «serio» dar su «opinión» sobre el Estatut, el Defensor del Pueblo avisó de que «si produce desigualdad entre los ciudadanos catalanes y los ciudadanos españoles residentes en Cataluña o los ciudadanos españoles residentes en otras comunidades autónomas», cumplirá lo que debe «cumplir».

Múgica precisó que de las 917 quejas de «ciudadanos españoles en Cataluña» que ha recibido en lo que va de año, 867 están relacionadas con las Oficinas de Garantías Lingüísticas y el resto se refieren a la enseñanza. «Son problemas importantes», comentó.

Impresos de preinscripción en las escuelas catalanas para el curso 2006-2007.

AT: La Generalitat -en este caso, concretamente el Departament d'Educació- que debe ser garante del cumplimiento escrupuloso de las leyes, viola las que le parece. Durante años, ha ocultado deliberadamente el artículo 21.2 de la ley de Política lingüística, que reconoce el derecho de los niños a ser educados, durante la primera etapa, en su lengua habitual. En los últimos cursos, ha hecho caso omiso de varias sentencias del TSJC, condenándola a incorporar un casillero en el que se pregunte por la lengua de preferencia de los padres, para poder organizar las clases y hacer efectivo ese derecho que les asiste. Ante nuevas sentencias y recomendación del Defensor del Pueblo en el mismo sentido, este año incorporan la novedad de introducir no en la hoja de solicitud propiamente dicha, sino en las instrucciones para formalizarla, un apartado, que reza:

(2) De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, los niños tienen derecho a recibir la educación primaria en su lengua habitual. A estos efectos, los padres o tutores/as de los alumnos/as que deseen que sus hijos/as reciban l primera enseñanza en lengua castellana, deberán solicitarlo a la dirección del centro en el cual resulten admitidos una vez formalizada la matrícula.

Esto es sencillamente una burla. Habrá que recordarles que un derecho no se tiene que andar mendigando a la dirección del centro una vez formalizada la matrícula. Así no se puede hacer previsiones con la antelación suficiente; así se acaba en la segregadora práctica de la atención individualizada, una especie de traducción parcial de lo que acontece en el aula que dista mucho de dar las clases en español, tanta como la que media entre la oficialidad de una lengua y la obstaculización o prohibición de su uso en las aulas.

Impresos de preinscripción en las escuelas catalanas para el curso 2006-2007.

De nuevo la Generalitat burla la ley y sigue sin preguntar en los impresos de preinscripción en las escuelas catalanas (curso 2006-2007) la lengua en la que desea ser escolarizado el alumno. Algo que la ley le obliga a hacer a través de tres sentencias diferentes.

el impreso

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Extraemos del impreso de preinscripción el apartado dedicado a la lengua:

(2) De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y el primer ciclo de educación primaria en su lengua habitual. A estos efectos, los padres, madres o tutores/as de los alumnos/as que deseen que sus hijos/as reciban la primera enseñanza en lengua castellana, deberán solicitarlo a la dirección del centro en el cual resulten admitidos una vez formalizada la matrícula.

lo que dicen las sentencias:

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2004 y 17 de febrero de 2005 y 24 de noviembre de 2005 en las que se condenó a la Administración a preguntar a los padres sobre la lengua habitual del alumno para que éstos pudieran ejercer su derecho de elección de idioma. En concreto, las sentencias disponen que:

“la incorporación en el impreso de preinscripción del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano, coadyuvará a la mayor efectividad del derecho, legalmente contemplado, y al más eficaz cumplimiento de la obligación de la Administración de garantizar este derecho, aumentando razonablemente (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción) los medios necesarios para hacerlo efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución”

por lo que declara a continuación que:

“la obligación de la Administración educativa de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares sostenidos con fondos públicos (...), antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza, lo que resulta conforme con la doctrina sentada por la STC 337/1994, y por las SSTS de 13 de julio de 1995 y 17 de abril de 1996”.

Un Defensor de la Nación llamado Síndic de Greuges

Anteayer me ofrecieron la oportunidad, en tanto que ciudadano de Cataluña y en un plató de televisión, de enfrentarme -es el verbo pertinente- a dos representantes de la llamada sociedad civil catalana. Pese a que la grabación se efectuaba por la mañana ambos lucían traje oscuro y corbata bien anudada: solo el conseller primer y el multimillonario informático Bill Gates osan prescindir de esa señal colgante de sometimiento al establishment. Eran, no obstante, gente educada y logré salir airoso del desigual empeño (dos contra uno) porque en una justa dialéctica civilizada la razón suele imponerse sobre la fe. No así en las guerras, que implican violencia y por tanto favorecen a los creyentes.

Uno de ellos presidía algo así como la Fundació Trias Fargas o los Boletaires de l'Anoia, el otro los Amics de la UNESCO o los Castellers Fadrins de Vilatorrada. El nombre viene a dar lo mismo. La trama de asociaciones cívicas -que contra lo que pudiera parecer no significa ciudadanas sino patrióticas, vea el diccionario- es tupida y cubre todo el territorio catalán desde hace siglo y medio, dictadura de Primo de Rivera y franquismo incluidos.

¿Qué ocurre con esa trama civil? Que cuando la patria toca a rebato los cientos de asociaciones responden como un solo hombre -muchas las manejan poco más de cuatro o cinco individuos- y escenifican un clamor falsamente progre que en realidad es solo el chillidito de unos pocos fanáticos transidos por el fervor nacionalista. ¿Qué es entonces una simple Carmen López frente los Excursionistes de la Vall Fosca y quinientas entidades más de similar calado?

El fenómeno lo estudió muy bien hace unos años Joan-Lluís Marfany, profesor de la Universidad de Liverpool nada sospechoso de anticatalanismo, en las 400 páginas de su impecablemente documentado libro La cultura del catalanisme (Empúries, 1995). Lo tengo subrayadísmo, lo abrí al llegar a casa y copié para usted estas líneas del prólogo que lo sintetizan a la perfección: «El catalanisme és tot ell, sense excepció, d'un conservadorisme de pedra picada i l'esquerranisme del catalanisme d'esquerra és un esquerranime essencialment formal, retòric, i sempre a punt de demanar perdó per la seva existència».

Hecho esto, leí la carta al director que publica en El País (12-3-06) la tal Carmen López sobre el informe del Síndic de Greuges, presunto Defensor del Pueblo catalán. Por de pronto, el informe no está disponible en español, siendo así que la institución debe velar por que se atienda a las ciudadanos en las dos lenguas oficiales de Cataluña; a los ciudadanos catalanes que se expresan en español los llama castellanos... La señora López acababa pidiendo al Defensor del Pueblo -el que está en Madrid- que interpusiera recurso de insconsticionalidad para que el Síndic de Greuges no fuera la última instancia a la cual pudieran pedir auxilio los ciudadanos catalanes -como quiere el proyecto de nuevo Estatut.

Señora López, por si me lee usted: gracias por darme hecho el título de este artículo.

El Defensor del Pueblo recurrirá el Estatut al Tribunal Constitucional

Casi con toda seguridad habrá dos recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Los presentará el Grupo Parlamentario Popular y, previsiblemente, el defensor del pueblo, Enrique Múgica.

Ambos recursos, si llegaran a presentarse, no serían vistos por el Constitucional hasta después de celebrarse el referéndum para ratificar el Estatuto. El PP y el Consejo de Estado han defendido una reforma legal para reestablecer el recurso previo para los estatutos, y evitar así que se celebre la consulta popular sin conocer aún el fallo del TC.

Fuentes del Defensor del Pueblo aseguran que, en principio, la decisión es la de presentar el recurso y el propio Enrique Múgica, histórico dirigente socialista, confirmó el sábado a uno de los ponentes del PSOE en el Congreso su intención de recurrir.

El Defensor del Pueblo se opone al artículo que limita su actuación en Cataluña para controlar a la Administración autonómica, en favor del Síndic de Greuges

El defensor catalán discrimina al pueblo catalán

El Sindic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, acaba de presentar su informe correspondiente al año 2005. En primer lugar, sorprende que el informe no esté disponible en español. Es decir, la institución que en teoría vela porque la administración atienda a los ciudadanos en las dos lenguas oficiales es la primera que no lo hace. Además, en el capítulo dedicado a cuestiones lingüísticas, a los ciudadanos de Cataluña que nos expresamos en español se nos califica de «castellanos», en contraste con los «catalanes», término que reserva únicamente para los catalanohablantes. En otras palabras, según el síndico, la mitad de los catalanes no somos catalanes.

Confío en que el Defensor del Pueblo interponga recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de Estatuto catalán que impone la exclusividad del Sindic de Greuges en Cataluña. Apañados vamos los ciudadanos castellanohablantes de Cataluña si no podemos acudir al Defensor del Pueblo y dependemos de síndicos nacionalistas para defender nuestros derechos lingüísticos.

Carmen López. Barcelona, Carta en ABC 8/3/2006

El Defensor del Pueblo dice que sólo pide que se cumpla la ley sobre el castellano

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó ayer que la institución que dirige no ha hecho más que pedir a la Generalitat que se cumpla la ley, la Constitución y la propia normativa catalana actual, que garantizan a los padres que sus hijos puedan aprender en castellano en primaria. Múgica explicó que se ha dirigido a la consellera de Educació, Marta Cid, para advertirle de que se están menoscabando los derechos que figuran en esas normas al no poner en las solicitudes de inscripción escolar un casillero para poder elegir si se desea que los niños aprendan en castellano o catalán. La ausencia de esa opción lleva a que los escolares cursen los estudios en catalán, ha añadido Múgica, que dice haber recibido "47 o 48 quejas".

Según el Defensor del Pueblo, el artículo 3 de la Carta Magna recoge como derecho fundamental que todos los españoles tienen el deber de aprender el castellano y el derecho de usarlo "y después hay una normativa complementaria, la ley de Inmersión Lingüística de Catalunya". La interpretación de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue distinta y al término del Consejo de Ministros aseguró que los derechos lingüísticos en la enseñanza secundaria obligatoria, es decir, al final del ciclo de educación obligatoria, "están garantizados plenamente en nuestro país". Precisamente el método de inmersión lingüística lo que hace es optar inicialmente por una lengua, para en una fase posterior potenciar la segunda lengua. Y en este sentido las evaluaciones en Catalunya sobre el grado de conocimiento del castellano y del catalán en la ESO apenas presentan diferencias.

En relación con esta polémica, ayer el Partido Popular de Catalunya corrigió una moción registrada en el Parlament en la que instaba al Govern de la Generalitat a ofrecer la educación en castellano a los alumnos cuyos padres así lo decidan en los distintos niveles educativos y aclaró que su demanda se limita a la educación primaria. Según el PP, lo que solicitan es que el impreso Solicitud de preinscripción a enseñanza infantil, eduación primaria y educación secundaria incluya una casilla para que los padres escojan la lengua vehicular de enseñanza exclusivamente en primaria.

El Defensor del Pueblo recibe 50 quejas

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, aseguró ayer que en 2005 ha recibido unas 50 quejas en relación a la enseñanza en castellano en Cataluña. Múgica se refirió a otra serie de quejas, unas 400, relativas a las acciones que emprende la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat, referidas a aspectos como, por ejemplo, rotulaciones en tiendas o atención al público en catalán.En declaraciones a Efe, el defensor del Pueblo explicó que ha recomendado a la Generalitat que en los impresos de preinscripción de los alumnos de primaria se pregunte por la lengua en que los padres quieren que se les imparta la primera enseñanza e informe del derecho de los estudiantes a ser escolarizados en su idioma habitual. Recordó también que el artículo 3 de la Constitución recoge la obligación y el deber de todo ciudadano a aprender el castellano y su derecho a usarlo. Explicó además que en Cataluña, como en otras comunidades, se ha interpretado este artículo de una forma «que no ha gustado a los ciudadanos», que creen que sus derechos han sido marginados.

El defensor del pueblo pide a Marta Cid que respete el derecho a la educación en castellano en Cataluña

Carta enviada por el defensor del pueblo español a la Consejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña ante los continuos incumplimientos del derecho a la educación en castellano. Carta a la que ha tenido acceso Marita Rodríguez como presidenta de la Asoc. por la Toler. (entidad gestora de la protesta)

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La Generalitat de Cataluña discrimina a una familia con dos hijos sordos

• Sus padres denuncian que no les han permitido que sus hijos aprendan castellano
  
• Francisco y Encarnación han decidido marcharse de Cataluña porque la Generalitat los ha marginado, pues exigen que se reconozca el derecho de sus hijos, sordos de nacimiento, a aprender castellano en lugar de catalán.
  
• Si Héctor y Eloy no aprenden catalán, no recibirán ninguna ayuda de la Generalitat.
  
• Amenazaron a Encarnación con quitarle la custodia de sus hijos si no cedía al catalán.

Fernando Toda, Barcelona

Se llaman Héctor y Eloy. Tienen 10 y 5 años y desprenden una simpatía especial. Héctor es más tímido; Eloy, más extravertido. Los dos son sordos de nacimiento y a los dos se les ha realizado un implante coclear, un aparato que, a través de electrodos, permite que puedan acabar por interpretar los sonidos que les llegan. No es fácil, pero pueden terminar hablando un idioma, siempre que lo escuchen con mucha insistencia. Esto es, que lo escuchen en el colegio y en casa.

En el caso de Héctor y Eloy, la mejor elección es el castellano. Y puestos a seleccionar una sola lengua hablada, el personal del Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos (CREDA) de Sant Feliu de Llobregat, centro público gestionado por la Generalitat de Cataluña, ha impuesto el catalán.

Catalán o exilio

"No queremos el castellano porque sí", indica Encarnación Arrabal a ALBA, "sino porque nuestros hijos fuera del colegio escuchan siempre el castellano, es su lengua materna, y lo aprenderán mejor". Así se lo hicieron saber hace ya años a los responsables del centro, pero sin resultado. Más bien al contrario, cuando Francisco y Encarnación pidieron una educación en castellano, recibieron esta respuesta por parte de responsables del CREDAC, como Claustra Cardona: "Si quieren castellano, o se marchan de Cataluña o se hacen a la idea de que los niños se quedarán con el lenguaje de los signos".

Todo eso, a pesar de que la ley reconoce que todos los padres tienen derecho a escoger que sus hijos, hasta los ocho años, estudien en la lengua que se utiliza en casa. "Mis hijos no van a poder aprender a hablar más que una lengua y quisiera que fuera el castellano, que es más práctico y les costará menos", explica Encarnación. Este derecho queda recogido en el artículo 20.2 de la Ley de Política Lingüística aprobada por la Generalitat en 1998.

La madre de los niños ha llegado a solicitar una entrevista con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que no se ha llevado a cabo. "Hablé con su secretario, le expliqué mi caso, pero no he obtenido respuesta", concreta. Incluso enviaron una carta a la Generalitat que les fue devuelta por no estar escrita en catalán.

Mientras tanto, vista la negativa o el silencio que han logrado tanto de responsables del CREDAC de Sant Feliu como de responsables del EAP (Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógico), la familia se ha dirigido al Defensor del Pueblo para denunciar su caso.

Mientras, el CREDAC, que tiene como función enseñar a hablar a los niños sordos y asesorar a los padres sobre lo mejor de cara a la educación de los hijos, "antepone el catalán a la educación del niño", critica Francisco. Otra prueba de ello es que puestos a imponer una lengua, el CREDAC ha seleccionado para Héctor libros de texto en catalán, porque si sólo puede hablar una lengua, tiene que ser el catalán. De telón de fondo quedan los derechos de los padres y las necesidades de los niños, verdaderas víctimas. " ¿Qué será de ellos cuando sean ya mayores?", se pregunta Encarnación. "¿Qué será de ellos si, por culpa de esta imposición, no pueden acceder a un buen trabajo? Quiera Dios que mis hijos tengan un futuro".

CANALLAS

Por los derechos de los Ciudadanos

Según reza la definición institucional, "El Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) de Cataluña es la Institución que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Con esta finalidad, supervisa la actuación de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña".

La Ley 14/1984 de 20 de marzo, del Síndic de Greuges, modificada por la ley 12/1989, de 14 de diciembre, en su artículo 4, dice que éste ha de cooperar con el Defensor del Pueblo y coordinar con él sus funciones propias.

Por eso, causa sorpresa que su actual titular, Rafael Ribó, arremetiera, en un comunicado del miércoles, día 5 (El País, 6-9-05), contra Enrique Múgica (Defensor del Pueblo), por haber dicho que percibe –a través de las numerosas quejas que recibe la Institución de la que es titular– "una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano, entre otros, en el ámbito educativo".

Parecería lógico que el Sr. Ribó se hubiera puesto en contacto –avergonzado– con el Defensor para interesarse por esas denuncias de ciudadanos del territorio que es de su competencia y, antes de hacer un comunicado, hubiera investigado el fundamento de las mismas. Pero no. Se contenta con afirmar que sus informes anuales recogen las quejas sobre derechos lingüísticos y que la mayoría tratan de la falta de respeto al uso del catalán.

Eso sí que tiene su lógica. Al fin y al cabo él ha aceptado garantizar, desde su cargo, "el derecho a vivir plenamente en catalán"(sic) y respaldar la existencia de las llamadas "Oficines de Garanties Lingúístiques (OGL)". Estas "oficinas" tienen como finalidad facilitar el mecanismo de denuncia (incluso de forma anónima) contra los establecimientos comerciales que no tienen los rótulos, los bares y restaurantes que no tienen las cartas en la lengua "nacional", o adolecen de personal capacitado para atender a los clientes en catalán. Se pusieron en marcha a principios de febrero de 2005, y la Administración se ufana de haber recibido 928 quejas en el primer semestre. Actúan inmediatamente, enviando a un inspector que informa –al denunciado– que dispone de 15 días para corregir el delito lingüístico. Una vez finalizado dicho periodo, le aplican una sanción económica. ¿Le resulta raro que quien es o se considera víctima de esta política no acuda a él?

El Tribunal Constitucional se pronunció en diciembre de 1994 sobre algunos aspectos de la Ley de Normalización Lingüística y consideró constitucional el modelo que ella consagraba: el de "conjunción lingüística"; es decir, enseñanza en (no solamente de) los dos idiomas oficiales. La inmersión lingüística –única lengua vehicular el catalán–, que se practica en los centros docentes de Cataluña, adquiere rango de ley en enero de 1998 (con la Ley de Política Lingüística) y desafortunadamente nunca llegó al TC. Siento corregir al Sr. Ribó, al que invito a comprobar estas aseveraciones. También le invito a que se lea el artículo 21.2 de esa restrictiva (sólo para los castellanohablantes) ley de Política Lingüística. En él, se contempla el derecho de los niños a ser educados, en la primera etapa, en su lengua materna; derecho que es sistemáticamente conculcado, ya que en los impresos de preinscripción y matriculación no figura información al respecto, por lo que los padres y tutores desconocen la existencia del mismo. Para el curso que acaba de empezar, tampoco el modelo oficial de preinscripción incluyó la posibilidad de que los padres pudieran ejercer ese derecho, dándose el agravante de que ha habido dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2004 y 17 de febrero de 2005 en las que se condenó a la Administración, conminándola a preguntar a los padres sobre la lengua habitual del alumno para que éstos pudieran elegir libremente el idioma de su primera enseñanza.

Por otro lado, si el Proyecto de Nou Estatut sólo contempla el derecho de todos los alumnos de Cataluña a ser educados en catalán, parece justo y equitativo que el Defensor del Pueblo –que vela por el derecho de todos, sin distinción– solicite al MEC que en la LOE se contemple el derecho paralelo de todo alumno a ser educado en la lengua común en cualquier punto del territorio nacional. ¿Qué de malo hay en ello? La petición no va contra los derechos de nadie; más bien protege el de todos.

Por todo esto, rogaría al Síndic de Greuges que reflexionara sobre su precipitado comunicado y se sumara a las investigaciones del Defensor, así como a su razonable petición. Si no es capaz de establecer la distancia debida entre lo que pueden ser sus preferencias lingüísticas personales y su deber de proteger a todos los ciudadanos de Cataluña, por igual, de los posibles abusos de la Administración, sería más honrado que dimitiera.

Marita Rodríguez, Presidenta de la Asociación por la Tolerancia

Barcelona, 6 de octubre de 2005

El defensor del pueblo catalán reivindica la inmersión lingüística

Rafael Ribó respondía de esta forma al defensor del pueblo, Enrique Múgica, quien solicitó que la Ley Orgánica de Educación, ahora en trámite, garantice el derecho de los que quieren estudiar en castellano en comunidades bilingües.

El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, defendió ayer la "plena constitucionalidad" de la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña y recordó que está avalada por el Tribunal Constitucional. Ribó respondía de esta forma al defensor del pueblo, Enrique Múgica, que solicitó que la Ley Orgánica de Educación, ahora en trámite, garantice el derecho de los que quieren estudiar en castellano en comunidades bilingües.

El Síndic explicó ayer en un comunicado que la ley de política lingüística pretende ayudar a normalizar la lengua propia de Cataluña al mismo tiempo que garantiza el respeto escrupuloso a los derechos lingüísticos de todos.

Ribó ha enviado una carta a Múgica tras las quejas expresadas por el defensor del pueblo. Múgica, a su vez, ya ha enviado una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, para mostrarle su "creciente preocupación" ante la lesión de derechos que sufren quienes quieren usar el castellano "como lengua vehicular" y residen en comunidades autónomas con lengua cooficial.

El defensor del pueblo ha actuado a raíz de unas quejas recibidas desde Cataluña sobre las dificultades de usar el castellano en la enseñanza. Múgica se refirió al caso concreto de dos niños sordos de nacimiento de 5 y 10 años a los que la Administración impone las clases especiales en catalán, pese a la insistencia de los padres de que sean en castellano, la lengua que conocen y usan.

Ribó precisa que sus informes anuales recogen las quejas sobre derechos lingüísticos que llegan a la institución y que la mayoría de ellas hacen referencia a que no se respeta el derecho a usar el catalán en diferentes ámbitos, como la Administración de justicia o la atención de los funcionarios, pero también se reciben algunas sobre la falta de uso del castellano en ciertas Administraciones públicas. Todas estas quejas son investigadas, subraya Ribó.

El Síndic recuerda que la política lingüística es competencia de la Generalitat y que, por lo tanto, su control y garantía se tiene que hacer en el Parlament de Cataluña o en las instituciones que dependen de esta institución, como el propio Síndic de Greuges.

EL PAÍS, 6/10/2005

El Defensor del pueblo pide que se proteja el derecho a estudiar en castellano

Enrique Múgica protesta porque, según relata, son cada vez más frecuentes las quejas en las que "se pone de manifiesto la nula efectividad de la opción lingüística de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en lengua castellana", especialmente en Cataluña, Baleares o Galicia.

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, ha enviado una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, para mostrarle su malestar y "creciente preocupación" ante la lesión de derechos que sufren quienes quieren usar el castellano "como lengua vehicular" y residen en comunidades autónomas con lengua cooficial. El defensor protesta porque, según relata, son cada vez más frecuentes las quejas en las que "se pone de manifiesto la nula efectividad de la opción lingüística de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en lengua castellana", especialmente en Cataluña, Baleares o Galicia.

Múgica sostiene que en la práctica los alumnos cuya lengua familiar es el castellano o los que llegan a estas comunidades procedentes de otras se ven obligados a estudiar en otro idioma, "quedando sin efectividad alguna en el ámbito de la enseñanza su libertad de opción lingüística".

Dos niños sordos

La carta se centra en el caso concreto de Cataluña, donde ni siquiera se informa a los padres de los derechos lingüísticos de sus hijos. Y detalla un caso extremo en esta comunidad, de dos hermanos de 5 y 10 años, sordos de nacimiento, que tienen instalado un implante coclear, cuya lengua familiar, la que conocen, es el castellano. Ambos van a un colegio público de Cataluña y reciben el apoyo de un logopeda durante cuatro horas semanales. Asegura el defensor que, a pesar de la insistencia de los padres para que esas clases especiales las reciban en castellano, la Administración catalana impone que se llevan a cabo en la lengua cooficial.

"Es decir, que a dos niños sordomudos se les impone el mismo régimen de inmersión lingüística que a los demás alumnos, cuando parece evidente que el apoyo logopédico prestado en una lengua que desconocen no contribuye en absoluto a paliar su deficiencia, les dificulta el proceso de aprendizaje y les impide el logro de los objetivos que corresponden a las etapas educativas que deben cursar", explica.

La conclusión de la experiencia de esta institución es que existe "una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano, quedando así en entredicho el ejercicio del derecho a usar esta lengua que a todos reconoce el artículo 3 de la Constitución, el cual también proclama el deber de todos de conocerla".

Múgica pide en la carta que la ministra se ocupe de garantizar estos derechos a través de la nueva Ley Orgánica de Educación, ahora en discusión en el Congreso.

Múgica pide a Educación que la LOE garantice el uso del castellano en las comunidades bilingües

El Defensor del Pueblo sugiere a la ministra que valore la posibilidad de incorporar a los contenidos del proyecto garantías sobre los derechos lingüísticos

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, remitió ayer una carta a la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, en la que le pide garantías para que los estudiantes puedan recibir la enseñanza en castellano en las comunidades autónomas que, como Cataluña, Baleares o Galicia, han optado por el modelo denominado de 'inmersión lingüística'. Múgica informa de su preocupación por las "cada vez más frecuentes y numerosas quejas que recibe" en las que se pone de manifiesto "la nula efectividad de la opción lingüística" de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en lengua castellana.

Las quejas ponen de relieve que "numerosos alumnos, cuya lengua propia y familiar es el castellano", así como muchos otros que se incorporan al sistema educativo procedentes de otras comunidades autónomas sin lengua cooficial. Éstos, apunta el defensor, "comprueban cómo inevitablemente han de iniciar o proseguir su aprendizaje en una lengua distinta del castellano, quedando sin efectividad "su libertad de opción lingüística".

El Defensor del Pueblo hace referencia al caso concreto de Cataluña, donde los impresos oficiales de preinscripción --apunta-- "ni siquiera informan a padres y alumnos de los limitados derechos lingüísticos" que les corresponden, "a pesar de que diversas sentencias del Tribunal Supremo recuerdan a la Administración su deber de informar a los padres y alumnos de su derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua natal".

En definitiva, esta institución percibe "una progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos" de quienes optan por el uso del castellano, entre otros, en el ámbito educativo, "quedando así en entredicho el ejercicio del derecho a usar esta lengua que a todos reconoce el artículo tres de la Constitución".

Por ello, teniendo en cuenta la próxima tramitación de la Ley Orgánica de Educación, Múgica sugiere a la ministra de Educación que valore la posibilidad de incorporar a los contenidos del proyecto garantías sobre los derechos lingüísticos.

Por último, recomienda que se contemple el derecho de los alumnos a que, en determinadas circunstancias personales o sociales, se dispense el aprendizaje de la lengua cooficial y a que, en todo caso, se les apoye en el aprendizaje de ésta cuando los alumnos se incorporen tardíamente al sistema educativo de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial propia.

Múgica exige que se hable castellano (sic)

POLÉMICA. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido a la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, que garantice la enseñanza en castellano en aquellas comunidades que han optado por el modelo denominado de "inmersión lingüística", como son Baleares, Catalunya o Galicia. En una carta remitida a la ministra, Múgica manifiesta su preocupación por "las cada vez más frecuentes y numerosas quejas" que recibe, en las que se desvela "la nula efectividad de la opción lingüística" de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en castellano.

El Defensor del Pueblo pide garantías para el castellano

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha dirigido una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en la que le pide garantías para que los estudiantes puedan recibir la enseñanza en castellano en las comunidades autónomas que, como Cataluña, Baleares o Galicia, han optado por el modelo denominado de «inmersión lingüística».

Múgica informa de su preocupación por las «cada vez más frecuentes y numerosas quejas que recibe» en las que se pone de manifiesto «la nula efectividad de la opción lingüística» de quienes desean recibir enseñanzas oficiales en lengua castellana. Las quejas ponen de relieve que «numerosos alumnos, cuya lengua propia y familiar es el castellano», así como muchos otros que se incorporan al sistema educativo procedentes de otras comunidades autónomas sin lengua cooficial, comprueban cómo inevitablemente han de iniciar o proseguir su aprendizaje en una lengua distinta del castellano, quedando sin efectividad «su libertad de opción lingüística».

CANALLADAS

CUENTA Marita Rodríguez en la primera del número de septiembre del boletín de la Asociación por la Tolerancia la historia de una canallada. La historia es sencilla. Una familia castellanohablante del Baix Llobregat tiene a sus dos hijos, de 10 y 5 años, escolarizados en el colegio público El Barrufet, de Sant Boi. Como es habitual en este predio nacionalista llamado Cataluña, los niños reciben toda la enseñanza en catalán. El problema es que ambas criaturas son sordomudas. Y que la mejor forma de que puedan expresarse verbalmente -la única, en realidad- es que sean educadas, en casa y en la escuela, en una misma lengua, que no puede ser otra que la materna. Por otra parte, la Generalitat dispone para estas coyunturas de un servicio asistencial. Se llama CREDAC y cuenta con unos especialistas, los logopedas. Estos logopedas asisten a los niños en la escuela unas cuatro horas por semana. Y los asisten en catalán. Es decir, en el caso que nos ocupa, no los asisten en absoluto.

Como pueden figurarse, los padres de las criaturas han hecho todo cuanto han podido para que sus hijos fueran escolarizados y asistidos en castellano. Y tanto han hecho que, según la madre, a la que se ha concedido la invalidez permanente debido a su estado de ansiedad, la Administración ha llegado incluso a amenazarles con retirarles la patria potestad de sus hijos si seguían con sus reclamaciones. Pero, además, y por si no bastara con lo anterior, el centro educativo, en consonancia con los criterios emanados del Departamento y con el noble empeño, sin duda, de aligerarle al mayor de los hijos su carga educativa, ha tachado de su lista de libros de texto -la misma que se entrega a los demás alumnos de la clase- el correspondiente a Lengua Castellana. Por supuesto. La verdad es que están en todo: sólo faltaría que encima el niño tuviera que aprender dos idiomas.

Tanta sinrazón no merecería más que la burla o el desprecio si no fuera porque está en juego el futuro de dos criaturas -por no hablar del presente de toda una familia- y porque el causante de estos atropellos no es otro que el Departamento de Educación, empeñado en situarse al margen de la ley y de todo sentido común. En efecto, de no cambiar su situación escolar, esos niños se verán reducidos a expresarse mediante la lengua de signos. Y no sólo eso: incluso en esas circunstancias pueden encontrarse de nuevo con el mismo problema, o con uno parecido, en sus tratos con la Administración autonómica. Como ustedes tal vez recuerden, hace un par de semanas el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley por el que se reconoce legalmente la lengua de signos y el derecho a su aprendizaje y uso en todos los ámbitos de la vida pública. Se calcula que cerca de un millón de sordos y sus respectivas familias podrán beneficiarse de ello, lo cual constituye, sin duda, una excelente noticia.

Pero resulta que este reconocimiento oficial lleva asociada una precisión. No existe un lenguaje de signos universal, un sistema unificado, sino que cada comunidad lingüística ha desarrollado uno propio. Para entendernos: un sordo francés y un sordo japonés a duras penas lograrían comunicarse. De ahí que el anteproyecto ministerial prevea el reconocimiento de «la lengua de signos en castellano y en catalán». Sí, porque hay una lengua de signos para el castellano y otra para el catalán. Y no la hay, en cambio, ni para el gallego, ni para el vascuence. O el anteproyecto, cuando menos, nada dice al respecto.

No vayan a creer, sin embargo, que entre la lengua de signos en castellano y la lengua de signos catalán existan muchas diferencias. Según los expertos, lo que separa a ambos sistemas es bastante parecido a lo que separa el castellano hablado del catalán hablado. Poca cosa, pues. A lo sumo, una cuestión de acento. Nada que dificulte, en definitiva, la mutua comprensión. Pero, claro, no es lo mismo un adulto que un niño. Para un niño en edad escolar, este acento, aunque sea el del gesto, puede representar un idioma nuevo. Sobre todo si se le obliga cargar con él y llevarlo a cuestas durante todo el período de aprendizaje.

Historia de una canallada

Hechos:

El Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos de Cataluña (CREDAC), es la asociación que envía logopedas a los colegios en donde tienen alumnos afectados. Por lo tanto, son los encargados de prestar la asistencia a estos niños para que lleguen a verbalizar.

Este objetivo, según los expertos clínicos y pedagogos, sólo se puede conseguir en el caso de una estrecha colaboración entre profesores, logopeda y familia, que implica necesariamente que todos utilicen la lengua familiar de la criatura afectada.

Pues resulta que también el CREDAC impone la política de inmersión a los niños sordomudos. Ni siquiera en estos casos extremos hacen una excepción. Prefieren condenar a estos seres disminuidos e indefensos a la reclusión social que representa el lenguaje de los signos. Los padres de los niños Héctor (10 años) y Eloy Arrabal (5 años), sordos de nacimiento, llevan años batallando en vano con el CREDAC del Baix Llobregat, zona donde residen, para que el logopeda que asiste a sus hijos, 4 horas por semana, se avenga a hablarles en español, su idioma materno.

Conscientes de que llevan perdido (sobretodo, el mayor) unos años esenciales para poder hablar con soltura, no han escatimado pasos y puertas donde llamar reclamando ayuda. Actualmente, los niños están escolarizados en el colegio público El Barrufet (Sant Boi de Llobregat), en régimen de inmersión como todos los demás. “Hemos recurrido a la directora del Centro, a la inspectora de zona, y a la delegada del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña –se lamentan con amargura y desesperación los padres–. La respuesta repetida es que si queremos que se les enseñe en castellano debemos salir de Cataluña, o bien conformarnos con el lenguaje de los signos”.            

Por si esto fuera poco, Mª Encarnación –la madre– tiene concedida la invalidez permanente por el estado de ansiedad que padece, como consecuencia del drama familiar, hecho que utilizan en su contra cuando acude a alguna de esas Oficinas reclamando derechos lingüísticos para sus hijos. Asegura que le han llegado a decir que los está perjudicando y que le van a tener que retirar la patria potestad.        

La última guinda de todo este pasteleo ha sido que de la lista de libros que el colegio ha facilitado a los Sres. Arrabal para Héctor (la misma que para cualquier otro alumno) han tachado el de lengua castellana porque consideran que los sordos no pueden aprender dos lenguas a la vez. Así, sin mala conciencia; cargados de razón.

Una se sorprende que este matrimonio conserve la cordura ante tan delirante situación.Éste es uno de tantos casos, aunque, no es el de los sordomudos catalanohablantes, que son atendidos en su lengua y disfrutan de las ayudas que las instituciones públicas catalanas otorgan a las familias afectadas. El miedo a denunciar, en este contexto de totalitarismo lingüístico, no hace más que aumentar la sima entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que el nacionalismo étnico ha creado.

Marita Rodríguez, presidenta de la Asociación por la Tolerancia